Buscan tipificar el tráfico y desvío de armas con penas de hasta 15 años
NewsITe
El diputado nacional de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que apunta a endurecer la respuesta penal frente al tráfico y desvío ilícito de armas de fuego, municiones y otros materiales sometidos a control estatal. La iniciativa prevé penas que, en los casos más graves, podrían llegar hasta los 15 años de prisión.
Según explicó el legislador, la propuesta busca cubrir un vacío de la legislación argentina. Hoy el Código Penal contempla delitos como la tenencia y portación ilegítimas, el acopio, la provisión ilegal, la fabricación irregular o la adulteración de numeraciones, pero no define de manera específica el tráfico ilícito ni el desvío desde los circuitos legales hacia los ilegales.
“Si queremos reducir el poder de fuego del crimen organizado y del delincuente callejero que te aborda desde un motovehículo o al llegar a tu casa, tenemos que intervenir sobre la cadena de abastecimiento antes de que el arma llegue a manos de los criminales”, sostuvo Gutiérrez al fundamentar el proyecto, aludiendo al impacto que busca tener la reforma en los delitos cotidianos y en el crimen organizado.
Nuevo delito autónomo y foco en la cadena de abastecimiento
El texto propone crear un tipo penal autónomo de tráfico ilícito. Se lo define como la realización de actos destinados a incorporar armas, piezas, componentes, municiones y otros materiales especialmente controlados a circuitos clandestinos de producción, distribución, comercialización o abastecimiento. La figura básica prevé penas de cinco a doce años de prisión, que se agravarían hasta un máximo de quince años ante determinadas circunstancias, como la intervención de organizaciones criminales o el uso de la estructura del Estado.
Además, se incorpora por primera vez la figura de “desvío ilícito”, dirigida a quienes, estando autorizados legalmente o teniendo bajo su custodia estos materiales, alteran deliberadamente su destino y los sacan del circuito sujeto a autorización, registro o control. Con esto se apunta, por ejemplo, a responsables de depósitos, funcionarios, fuerzas de seguridad o empresas habilitadas que desvíen armas o municiones hacia el mercado ilegal.
“El tráfico incorpora materiales al circuito ilegal. El desvío identifica el punto en el que un arma, una munición o un material que estaba legítimamente controlado sale deliberadamente de ese circuito. Queremos poder investigar también dónde se rompe la trazabilidad y quién fue responsable de esa ruptura”, explicó el diputado massista.
Responsabilidad penal empresaria y alcance federal
El proyecto también incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esto implica que empresas y entidades que intervengan en actividades vinculadas con armas y municiones podrían enfrentar sanciones específicas, que irían desde la imposición de multas hasta la suspensión o cancelación de autorizaciones, licencias o habilitaciones necesarias para operar en el sector.
- Creación de un delito autónomo de tráfico ilícito de armas y municiones, con penas de cinco a doce años de prisión.
- Agravantes que elevan las penas hasta quince años en casos de mayor gravedad o intervención de organizaciones criminales.
- Tipificación del “desvío ilícito” por parte de personas autorizadas que sacan material controlado del circuito legal.
- Incorporación de responsabilidad penal de personas jurídicas, con posibilidad de suspensión o cancelación de licencias.
- Enfoque federal para abordar cadenas delictivas que atraviesan varias jurisdicciones del país.
Gutiérrez remarcó también la importancia de incluir expresamente a las municiones: “Durante años fueron las grandes olvidadas de la legislación penal. Y hay una realidad elemental: un arma sin municiones carece de capacidad ofensiva. Combatir el abastecimiento de municiones es también reducir la capacidad de fuego de la delincuencia”, señaló.
El diputado del Frente Renovador sostuvo que las armas que llegan a organizaciones criminales “no reconocen límites provinciales” y que, por eso, la figura propuesta tiene relevancia federal: un arma o cargamento puede desviarse en una provincia, trasladarse por otra y terminar siendo utilizado para cometer delitos a cientos de kilómetros de distancia. Frente a esa dinámica, consideró clave contar con herramientas para reconstruir la cadena completa de circulación ilegal.
La iniciativa, sin embargo, deja expresamente fuera de su alcance a los legítimos usuarios y a quienes desarrollan actividades autorizadas cumpliendo con la normativa vigente, como clubes de tiro, coleccionistas y comerciantes inscriptos. El debate legislativo que se abra en el Congreso definirá ahora si el proyecto avanza y se convierte en una nueva herramienta para enfrentar el tráfico de armas en el país.
