De Marinis justificó su fallo y alertó sobre la estigmatización penal
NewsITe
La jueza penal juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, Laura de Marinis, rompió el silencio tras el polémico fallo en el que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo de un celular. La magistrada defendió su decisión y advirtió que aplicar el Nuevo Régimen Penal Juvenil en este caso puntual hubiera sido, a su criterio, una respuesta “regresiva” y “estigmatizante” para el joven involucrado.
El episodio que dio origen a la causa ocurrió el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que un grupo de jóvenes lo persiguió con la intención de sustraerle el teléfono móvil. El robo no llegó a concretarse y los sospechosos fueron demorados por efectivos policiales. Entre ellos se encontraba el menor de 14 años que luego quedaría sobreseído.
En declaraciones radiales, De Marinis explicó que el adolescente no tenía antecedentes penales ni había sido alcanzado previamente por dispositivos estatales de protección, y que su contexto de extrema vulnerabilidad fue determinante en el análisis del caso. Según relató, se trataba de un chico fuera del sistema educativo y con dificultades para acceder a una alimentación adecuada, situación que recién quedó expuesta a partir de la intervención del sistema penal.
Fallo, debate jurídico y críticas políticas
La jueza resolvió no avanzar con el proceso penal y dispuso, en cambio, la intervención del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con el objetivo de implementar medidas de acompañamiento familiar, escolar y recreativo. Remarcó que su decisión rige únicamente para este expediente y que en ningún momento suspendió la vigencia de la ley para otros adolescentes alcanzados por el Nuevo Régimen Penal Juvenil.
“Aplicar el sistema penal como primera respuesta es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante”, sostuvo De Marinis. Afirmó además que, a su entender, someter a un chico a un proceso penal debe ser “lo último que tiene que ocurrir” y recordó que incluso una mera amonestación puede convertirse en un antecedente que abra la puerta a sanciones más gravosas en el futuro.
Respecto del nuevo régimen penal, la magistrada destacó que se trata de “una herramienta hermosa” para armonizar la legislación con la Convención sobre los Derechos del Niño y trabajar con adolescentes en conflicto con la ley. Sin embargo, advirtió que la baja de la edad de punibilidad a 14 años impacta en una población que muchas veces desconoce los alcances de la normativa.
Juicio político y tensión institucional
El fallo generó fuertes cuestionamientos desde distintos sectores políticos, que impulsaron pedidos de juicio político contra la jueza. De Marinis respondió que las decisiones judiciales deben discutirse en el marco de los propios fallos y de las instancias de revisión previstas por el sistema judicial, y no mediante mecanismos que, según consideró, pueden erosionar el equilibrio de poderes.
- Sectores críticos la acusan de enviar una señal de impunidad frente a hechos de inseguridad.
- La jueza replica que su criterio se basa en estándares de derechos humanos y en la protección integral de la niñez.
“Que por el fundamento de mis decisiones me digan que van a iniciar un juicio político debilita las instituciones democráticas. Hablar de un fallo manchado con sangre en este hecho me parece distorsionar lo que yo resolví”, afirmó De Marinis.
El caso reavivó la discusión sobre cómo debe aplicarse el régimen penal juvenil, en un contexto de creciente preocupación social por los delitos cometidos por menores. Mientras avanza el debate político y jurídico, el expediente permanece como ejemplo de la tensión entre la demanda de más castigo y la obligación del Estado de priorizar políticas de cuidado y acompañamiento para adolescentes en situación de vulnerabilidad.
