LLA bonaerense impulsa la remoción de la jueza Marta Pascual
NewsITe
La Libertad Avanza de la provincia de Buenos Aires formalizó ante el Jurado de Enjuiciamiento un pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La presentación apunta a su decisión de suspender la aplicación de la Ley nacional 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en todo el territorio bonaerense.
El escrito fue firmado por el diputado nacional y vicepresidente de LLA en la provincia, Alejandro Carrancio, quien acusa a la magistrada de haber excedido las facultades propias de su cargo al dictar una resolución con efectos generales sobre una norma aprobada por el Congreso de la Nación.
Según el texto al que tuvo acceso la prensa, el fallo de Pascual no se habría limitado a un caso concreto ni habría contado con una fundamentación suficiente que justificara una medida de tal impacto institucional. Para el espacio libertario, la jueza avanzó sobre atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo, alterando el delicado equilibrio entre los poderes del Estado.
En su resolución, Pascual extendió a toda la provincia una medida cautelar originalmente circunscripta al Centro Socioeducativo de Lomas de Zamora. Esto ocurrió aun cuando —según cuestionan desde LLA— existían planteos sobre la propia competencia jurisdiccional del juzgado para adoptar una decisión de ese alcance.
El rol de la Cámara y la discusión por la división de poderes
El pedido de juicio político recuerda que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó posteriormente la resolución de Pascual. En ese pronunciamiento, el tribunal remarcó que el Poder Judicial no puede suspender con efectos generales una ley votada por el Congreso sin poner en tensión el principio constitucional de división de poderes.
Desde la conducción bonaerense de La Libertad Avanza sostienen que el accionar de la magistrada vulnera las bases del sistema republicano, ya que un juzgado de primera instancia no estaría habilitado para dejar sin efecto una norma nacional más allá de un caso puntual. Por ello, reclaman que se analice su conducta y las consecuencias prácticas de su decisión.
- La ley 27.801 crea un nuevo régimen para el juzgamiento de menores en conflicto con la ley penal.
- El pedido de LLA apunta a que se evalúe si Pascual incurrió en mal desempeño de sus funciones.
“El Poder Judicial no puede reemplazar al Congreso en la definición de la vigencia de las leyes”, sostienen desde el espacio libertario, al fundamentar el avance del juicio político.
En consecuencia, la presentación solicita el apartamiento preventivo de Pascual mientras se sustancia el proceso disciplinario. El expediente abre un nuevo capítulo en la puja entre la dirigencia política y el Poder Judicial en torno a los límites de la intervención de los jueces sobre normas votadas por el Parlamento.
