Caso Andis: la auditoría que destapó un millonario desfasaje
NewsITe
Una auditoría interna del Gobierno nacional detectó un desfasaje de $158.717 millones en los registros de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), organismo que estuvo a cargo de Diego Spagnuolo hasta su desplazamiento en agosto de 2025. El hallazgo vuelve a poner bajo la lupa el manejo de fondos destinados a la atención y cobertura de personas con discapacidad, uno de los sectores más sensibles del sistema de salud.
De acuerdo con información a la que accedió Noticias Argentinas en base a un informe citado por el diario La Nación, la cifra surge de diferencias significativas entre los montos de deuda exigible informados por dos áreas clave de la agencia. Parte de esos compromisos no habría atravesado los controles administrativos previstos por la normativa vigente, lo que abre interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y transparencia.
El trabajo de los interventores tomó como período de análisis la gestión hasta el 21 de agosto de 2025 y puso bajo revisión pagos a droguerías, deudas acumuladas, cajas chicas, equipos electrónicos, contratos de personal y presentaciones de declaraciones juradas. El foco está puesto en cómo se gestionaron y registraron los recursos públicos asignados a programas como Incluir Salud, que dan cobertura a prestaciones y medicamentos a beneficiarios vulnerables.
Un desfasaje millonario y un organismo bajo la lupa
Según el informe de auditoría, “se constató una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de la deuda exigible”. Para llegar a esa conclusión, los auditores solicitaron datos a la Dirección de Presupuesto y Contabilidad (DPYC) y a la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (Dnass), responsable de la implementación de diversos programas asistenciales. Esta última área fue la que comunicó el monto de deuda más elevado, lo que evidenció la falta de coincidencia entre los reportes internos.
El documento advierte, además, sobre posibles imprecisiones en la información suministrada por la Dnass. Desde esa dependencia se indicó que tanto los importes adeudados como su clasificación podrían haber variado por errores involuntarios en la carga de datos realizada por los prestadores. No obstante, los auditores remarcaron que esa explicación no elimina la necesidad de determinar responsabilidades ni de corregir el sistema de registro.
La Dnass ya se encontraba bajo la mirada de la Justicia federal. El fiscal Franco Picardi investiga una causa por presunto fraude que incluiría el pago de coimas de hasta el 20% y la utilización de sobreprecios en procesos de compra de medicamentos e insumos. De acuerdo con la acusación, se habrían detectado irregularidades en los procedimientos administrativos y en la selección de proveedores, un esquema que, de confirmarse, implicaría un serio perjuicio para el Estado.
Cuestionamientos al mecanismo de pago y al control interno
La auditoría también señaló la utilización reiterada de la figura de “legítimo abono”, una herramienta excepcional prevista para cancelar bienes o servicios ya entregados o cumplidos sin haber pasado previamente por los procedimientos ordinarios de contratación. Este recurso, que debería ser la excepción, habría sido empleado por la Andis como mecanismo habitual para regularizar situaciones irregulares, según desprende el informe.
Hasta la fecha de corte del análisis, el organismo continuaba usando este sistema, y solo se habían iniciado seis procedimientos de compras destinados a encuadrar esos servicios dentro de los canales formales. Los auditores no pudieron identificar con precisión cuáles pagos se realizaron bajo la modalidad de legítimo abono, pero sí consignaron que los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.
- Desfasaje de más de $158.700 millones en la deuda exigible registrada.
- Falta de coincidencia entre los informes de dos direcciones clave del organismo.
- Advertencias sobre posibles errores en la carga de datos por parte de prestadores.
- Investigación judicial en curso por presunto fraude, coimas y sobreprecios.
- Uso reiterado del legítimo abono para cancelar pagos sin el circuito habitual de compras.
“El hallazgo obliga a revisar en profundidad los sistemas de control interno y la trazabilidad de cada peso destinado a prestaciones para personas con discapacidad”, señalan fuentes oficiales consultadas.
El caso Andis se inscribe en un escenario de fuerte ajuste y revisión del gasto público, en el que se busca detectar desvíos y corregir malas prácticas administrativas. Mientras avanza la investigación interna y judicial, organizaciones vinculadas a la discapacidad reclaman que se garantice la continuidad de las prestaciones y que cualquier reordenamiento no afecte la atención de los beneficiarios, quienes dependen directamente de estos programas para acceder a tratamientos, estudios y medicación esenciales.
