El Gobierno británico calificó como “inaceptables” las medidas impulsadas por la Argentina contra compañías vinculadas con actividades en las islas. Londres aseguró que respaldará a las firmas alcanzadas, mientras el Gobierno nacional busca ampliar las sanciones por la explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
La tensión diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas sumó este jueves un nuevo capítulo. El Gobierno británico rechazó las sanciones impulsadas por la administración de Javier Milei contra las empresas que desarrollan actividades en el archipiélago y ratificó su respaldo a esas compañías.
La respuesta llegó después de que el Ejecutivo argentino avanzara con un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía por Malvinas, que busca ampliar el alcance de las sanciones contra empresas que exploten recursos naturales en las islas sin autorización argentina. La iniciativa contempla multas de hasta el equivalente a tres millones de barriles de petróleo e inhabilitaciones de hasta 20 años.
Desde Londres cuestionaron las medidas y sostuvieron que las compañías que operan en las islas cuentan con respaldo británico. La subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, calificó las acciones argentinas como “inaceptables” y sostuvo que los cargos promovidos contra empresas y particulares carecen, según la posición británica, de justificación legal.
El Reino Unido reiteró además su posición respecto de la soberanía del archipiélago y sostuvo que los habitantes de las islas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales. Se trata de una postura rechazada por la Argentina, que mantiene su reclamo de soberanía sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Argentina busca ampliar las sanciones
El nuevo proyecto enviado por el Gobierno nacional al Congreso amplía las medidas más allá de la explotación de hidrocarburos. El texto alcanza potencialmente a cualquier actividad relacionada con recursos naturales renovables o no renovables realizada sin autorización argentina, incluida la pesca.
La iniciativa también contempla sanciones para actores que intervengan en operaciones económicas, financieras, logísticas, técnicas o de consultoría consideradas esenciales para desarrollar esos proyectos. El alcance incluye además a socios, accionistas y personas con capacidad de control sobre las compañías involucradas.
La ofensiva argentina ya registra medidas concretas. Cancillería informó esta semana que envió cerca de 180 advertencias a personas físicas y jurídicas ubicadas en 30 países, mientras mantiene 60 procedimientos administrativos en curso. También se presentaron tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y a sus directivos.
Uno de los principales puntos de conflicto es el proyecto petrolero Sea Lion, previsto en la Cuenca Malvinas Norte. El Gobierno argentino cuestionó las actividades vinculadas con ese desarrollo y mencionó particularmente a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.
Un cruce que se profundizó durante la semana
El enfrentamiento diplomático se intensificó el 15 de septiembre, cuando el Reino Unido publicó una guía destinada a empresas, proveedores e inversores interesados en realizar negocios en las islas. Londres sostuvo allí que la Argentina no tiene jurisdicción sobre las compañías que operan en el archipiélago y ofreció asistencia ante eventuales reclamos argentinos.
La Cancillería argentina respondió que ninguna guía de un gobierno extranjero puede ubicarse por encima de la legislación nacional y anticipó que continuaría aplicando las normas vigentes contra las actividades que considere realizadas sin autorización. También reiteró su disposición a reanudar negociaciones bilaterales con el Reino Unido por la disputa de soberanía.
La declaración británica de este jueves vuelve ahora a elevar el tono del intercambio. Mientras la Argentina intenta ampliar las herramientas legales y económicas contra las compañías vinculadas con la explotación de recursos en Malvinas, Londres ratificó que continuará respaldando esas actividades y a las empresas que participen de ellas.
