La iniciativa amplía las penas para empresas y personas que participen de actividades no autorizadas por la Argentina en las islas y sus espacios marítimos. El proyecto llega en medio de la disputa por el desarrollo petrolero Sea Lion.
El Gobierno nacional envió este jueves al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con el que busca reforzar las herramientas legales frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos que la Argentina considera bajo su jurisdicción.
La iniciativa propone reemplazar el régimen vigente por un esquema de sanciones más amplio, que no se limite a la actividad hidrocarburífera. El objetivo declarado por el Ejecutivo es establecer mayores consecuencias para quienes participen en la exploración, explotación, transporte o comercialización de recursos naturales sin autorización argentina.
Entre las principales modificaciones aparecen nuevas figuras penales y sanciones económicas de mayor magnitud. Para determinadas actividades de exploración y explotación de recursos no renovables, el proyecto contempla penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión. En el caso de operaciones vinculadas con hidrocarburos, las condenas previstas también alcanzan ese máximo.
El alcance de la iniciativa no se limita a las compañías que desarrollen directamente los emprendimientos. El texto incorpora a quienes, con conocimiento de la situación, proporcionen bienes, servicios o financiamiento considerados esenciales para las actividades cuestionadas. También establece inhabilitaciones y sanciones para empresas que intervengan en esas operaciones.
Las multas, por su parte, se calculan tomando como referencia el valor del petróleo y pueden alcanzar el equivalente a millones de barriles. A esto se suman posibles suspensiones de permisos, pérdida de beneficios fiscales, rescisión de contratos con el Estado e impedimentos para participar de determinadas contrataciones públicas.
