La Casa Rosada cerró el texto que llevará a la Cámara de Diputados. La iniciativa contempla sanciones económicas, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevos mecanismos para proteger infraestructura crítica y controlar los espacios marítimo y aeroespacial.
El Gobierno nacional terminó de redactar la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto anunciado por el presidente Javier Milei en el marco de las medidas vinculadas con las Islas Malvinas. El Ejecutivo prevé completar este miércoles el circuito administrativo y remitir la iniciativa a la Cámara de Diputados.
Según informó TN, la redacción definitiva quedó cerrada después de varios días de trabajo y se estructura en alrededor de seis títulos. El paquete reúne herramientas económicas, diplomáticas y de seguridad, con especial atención sobre las actividades desarrolladas en las islas sin autorización de la Argentina.
Sanciones económicas y el foco sobre los recursos de Malvinas
Uno de los principales capítulos apunta a reforzar las medidas contra empresas y otros actores vinculados con actividades económicas en las Islas Malvinas. El Gobierno comenzó el análisis sobre la explotación de hidrocarburos, aunque durante la elaboración también evaluó extender el alcance hacia sectores como la pesca, la minería y otras actividades productivas.
La iniciativa se enmarca en la respuesta oficial al avance del proyecto petrolero Sea Lion. El Gobierno había anunciado el 3 de septiembre que enviaría al Congreso una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y sostuvo que utilizaría herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales frente a la explotación de recursos en la zona sin autorización argentina.
En paralelo, la administración nacional ya inició procedimientos sancionatorios vinculados con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental. El Ejecutivo informó durante septiembre que esas actuaciones alcanzan tanto a empresas como a personas relacionadas con emprendimientos desarrollados sin autorización del Estado argentino.
Un Consejo de Seguridad Nacional e infraestructura crítica
El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, destinado a coordinar distintas áreas del Estado dentro de una estrategia común. Ese organismo había sido anticipado por la Casa Rosada cuando Milei presentó las primeras medidas vinculadas con Malvinas a comienzos de septiembre.
Otro apartado establecerá un régimen específico para proteger infraestructura considerada crítica. La propuesta incluye redes, telecomunicaciones, centros de datos y otros activos que el Estado defina como estratégicos, además de disposiciones relacionadas con proveedores vinculados a esas áreas.
Cambios en el control aeroespacial y vigilancia del Atlántico Sur
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incorporará además modificaciones en materia de protección aeroespacial. De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el Ejecutivo busca precisar los procedimientos frente a aeronaves declaradas hostiles y establecer con mayor claridad las distintas instancias de intervención, manteniendo el uso de la fuerza como última alternativa.
La propuesta no prevé habilitar automáticamente el derribo de aeronaves por el solo hecho de encontrarse en una situación irregular. A su vez, el paquete incorporará herramientas destinadas a reforzar la vigilancia marítima mediante la integración de radares, telecomunicaciones, sistemas satelitales e inteligencia de señales.
Dentro de ese esquema aparece también la Base Naval Integrada de Ushuaia, considerada por el Gobierno como uno de los puntos estratégicos para concentrar información y ampliar el seguimiento sobre el Atlántico Sur. El Ejecutivo ya había dispuesto priorizar recursos para avanzar con ese proyecto dentro del Presupuesto 2027.
La discusión pasará ahora al Congreso
Una vez que el proyecto ingrese formalmente en Diputados, comenzará la negociación parlamentaria. La Casa Rosada prevé mantener conversaciones con el PRO, la UCR y bloques federales antes de definir el recorrido de la iniciativa por las comisiones y su posterior llegada al recinto.
Por el momento, el oficialismo no plantea un tratamiento inmediato. Primero deberá acordar el cronograma legislativo y analizar las modificaciones que puedan surgir durante las conversaciones con el resto de los espacios políticos.
