Opositores y organizaciones cuestionan el ajuste en el Presupuesto
NewsITe
La Cámara de Diputados dio este lunes un paso clave en el tratamiento de la ley de emergencia en Discapacidad, en un clima de fuertes cuestionamientos al Gobierno nacional por el impacto que tendría el proyecto de Presupuesto 2027 sobre las políticas destinadas a las personas con discapacidad y los prestadores del sistema.
En un plenario informativo de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto, convocado por pedido de la oposición, legisladores de distintos bloques y representantes del sector advirtieron sobre el posible desmantelamiento de derechos conquistados en los últimos años. El debate continuará el próximo miércoles al mediodía, cuando las comisiones deberán emitir dictamen sobre las distintas iniciativas en discusión.
Alertas por cambios en pensiones, aranceles y actualizaciones
El diputado de Unión por la Patria Juan Marino, vicepresidente de la comisión de Discapacidad, fue uno de los más duros en sus críticas. Señaló que el envío del Presupuesto 2027 “cambió el contexto” del debate, y acusó al Poder Ejecutivo de intentar “destruir la ley de emergencia en discapacidad y desmantelar el sistema de derechos” construido a nivel nacional.
Según explicó, el proyecto oficial deroga artículos centrales, entre ellos el que obliga a realizar un estudio de costos para fijar los aranceles que cobran los prestadores. Como ejemplo, mencionó la situación del transporte: el valor reconocido hoy sería de 900 pesos por kilómetro, cuando las cámaras del sector calculan un costo real cercano a los 1600 pesos, es decir, un 80% más.
Marino también cuestionó la vuelta a un esquema de pensiones basado en la “invalidez laboral”. La ley de emergencia vigente permite que una persona con discapacidad mantenga su pensión no contributiva aun teniendo un empleo registrado con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Con la reforma incluida en el Presupuesto, advirtió, bastarían unas pocas horas de trabajo formal para perder ese beneficio.
Riesgo de fragmentación del sistema y pérdida de prestaciones
Otro de los puntos sensibles señalados por la oposición es la eliminación del nomenclador único nacional, que hoy establece aranceles homogéneos para todo el país. Si se aprueba el Presupuesto tal como fue enviado, cada prepaga, obra social o provincia podrá negociar en forma individual con los prestadores, lo que para los legisladores críticos implicará una fuerte fragmentación del sistema y condiciones de negociación muy desiguales.
Además, se cuestionó el reemplazo de la actualización automática mensual de los aranceles por discapacidad, atada a la inflación, por un mecanismo trimestral y sujeto a la discrecionalidad de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS). Para Marino y otros diputados, esto podría traducirse en mayores demoras en los aumentos y una pérdida de ingresos reales para profesionales, terapeutas y centros de atención.
Las consecuencias, sostienen, se trasladarían directamente a las familias: interrupción de terapias, dificultades para sostener el transporte a escuelas o centros de día, cierre de instituciones y una brecha creciente entre quienes pueden pagar servicios por su cuenta y quienes dependen exclusivamente de la cobertura estatal y de las obras sociales.
Defensa oficial y reclamos de un dictamen de consenso
Desde el oficialismo, la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici buscó desmentir que el Gobierno esté desfinanciando el área. Afirmó que no es correcto que la ejecución del presupuesto para discapacidad se ubique en torno al 15% y destacó la nueva reglamentación aprobada por el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS), donde participan ministros de Salud de todas las provincias y el secretario de Discapacidad.
Giudici aseguró que las últimas medidas “son a favor de los derechos de las personas con discapacidad” y remarcó que más de 150 mil pensiones no contributivas fueron tramitadas y pagadas desde la SENADIS. Su bancada, anticipó, buscará un “dictamen superador” que elimine la idea de una emergencia permanente y transforme en políticas estables los beneficios existentes.
En la vereda opuesta, legisladores como Eduardo Valdés (Unión por la Patria), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Nicolás del Caño y Romina del Plá (Frente de Izquierda), entre otros, coincidieron en que el Presupuesto 2027 representa “un ataque” al sector de la discapacidad y llamaron a toda la Cámara a rechazar los artículos cuestionados.
Próximos pasos en el Congreso
- Las comisiones de Discapacidad y Presupuesto retomarán el debate el miércoles al mediodía.
- La oposición buscará eliminar del Presupuesto los artículos que modifican la ley de emergencia.
- El oficialismo intentará sostener los cambios y avanzar con un dictamen propio.
“Hay 90 mil pedidos de pensiones y solo 10 mil resueltos. Hay 80 mil personas en un limbo absoluto”, advirtió la diputada Romina del Plá, al reclamar una respuesta urgente del Estado.
Mientras continúa la negociación política, organizaciones de personas con discapacidad, familias y prestadores siguen de cerca la discusión parlamentaria, a la espera de definiciones que marcarán el futuro inmediato del sistema de atención y de la protección de derechos en todo el país.
