Fuerte ajuste del gasto y cambios en la estructura del Estado
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El gasto primario devengado de la Administración Pública Nacional (APN) registró hasta agosto una caída real acumulada del 32% frente al mismo período de 2023, en el marco de la política de ajuste impulsada por el Gobierno de Javier Milei para sostener el superávit fiscal. El recorte, sin embargo, no fue uniforme: algunos sectores soportaron un ajuste mucho más severo que otros.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), elaborado en base a datos oficiales y procesado por la agencia Noticias Argentinas, el Gobierno concentró buena parte del esfuerzo en transferencias a provincias, subsidios económicos y giros a empresas públicas y fondos fiduciarios. Estas partidas explican una porción central de la contracción del gasto nacional en los primeros ocho meses del año.
En el extremo de mayor ajuste se ubicaron las transferencias corrientes a provincias, que mostraron una caída real del 86,6% respecto de 2023. Se trata de recursos que las jurisdicciones utilizaban para financiar gastos corrientes y programas específicos, por lo que el recorte impacta de lleno en la caja de los gobiernos provinciales y en su capacidad operativa.
En segundo lugar se encontró la inversión en bienes de uso –rubro que incluye principalmente la obra pública–, con una baja del 83,6%. Esta contracción se traduce en la paralización o demora de proyectos de infraestructura, rutas, viviendas y otras obras, con efectos sobre el empleo en la construcción y las economías regionales.
Transferencias, subsidios y ayudas sociales bajo presión
El informe del IARAF detalla que las transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios se redujeron un 62,1%, mientras que las otras transferencias al sector privado –que incluyen subsidios económicos, entre ellos a la energía y al transporte– cayeron un 59,3%. Esta dinámica ya se refleja en aumentos de tarifas y boletos, junto con cambios en los esquemas de compensaciones.
Los giros a universidades nacionales disminuyeron un 39,7%, en un contexto de tensión entre el Gobierno y el sistema universitario por la actualización del presupuesto y el financiamiento de gastos básicos. A su vez, las ayudas sociales y asignaciones familiares tuvieron una merma del 30,6%, y los gastos en personal del Estado bajaron un 28,9% en términos reales.
- Transferencias a otras entidades del Estado: explican el 23,6% del recorte total del gasto primario.
- Subsidios al sector privado: representan el 14,9% del ajuste acumulado.
- Ayudas sociales: aportan el 14,4% de la contracción del gasto.
- Transferencias a provincias: concentran el 13,0% de la reducción total.
En el otro extremo, las jubilaciones y pensiones fueron el componente con la menor caída real: retrocedieron un 8,2% frente al mismo período de 2023. No obstante, el poder adquisitivo de los haberes quedó condicionado por la dinámica inflacionaria y los cambios en la fórmula de actualización.
“Casi la cuarta parte de la reducción real del gasto primario de la Administración Pública Nacional está explicada por el recorte de transferencias a empresas públicas y fondos fiduciarios”, señaló el IARAF.
Según las proyecciones del informe, si se mantiene la actual pauta de ajuste, el gasto de la APN podría ubicarse hacia 2026 en torno al 12,4% del PBI, completando una baja de 5,4 puntos del producto desde 2023 y acumulando una reducción cercana a 14 puntos porcentuales en tres años. El resultado configuraría uno de los procesos de contracción del gasto público más profundos de las últimas décadas en la Argentina.
