Investigan una transferencia clave en el escándalo del Penal 31
NewsITe
El entramado de presunta corrupción dentro de la Unidad Penal 31 de Florencio Varela sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar determinante para la causa. Un grupo de internos presentó ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 una nueva prueba que, según sostienen, confirma el circuito de sobornos, narcotráfico intramuros y lavado de dinero que habría funcionado con la participación de autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).
De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, Juan Cruz Echeverría, hijo del detenido Roberto Carlos Echeverría —señalado como uno de los referentes de la facción conocida como “La Comitiva” o “Limpiezas y Mantenimiento”— habría realizado el 7 de junio pasado una transferencia de 300 mil pesos a través de Mercado Pago al entonces jefe del Penal, Lucas Sergio González. El comprobante de esa operación fue entregado como prueba de un supuesto “cohecho bancarizado”.
González dejó de estar al frente de la Unidad 31 en julio, luego de una denuncia por violencia de género radicada por su ex pareja, quien incluso se habría presentado en su lugar de trabajo. Tras ese episodio fue trasladado a otra unidad carcelaria y en su lugar asumió Luciano Federico Días. No obstante, los internos que impulsan la denuncia afirman que la situación estructural dentro del penal “no cambió” y apuntan al director de la U31, José Othasegui, a quien acusan de no haber tomado medidas de fondo frente al escándalo.
En el escrito judicial, los reclusos describen que el dinero transferido formaría parte de pagos periódicos de sobornos destinados a asegurar una serie de beneficios ilegales para la cúpula de “La Comitiva”. Entre ellos, mencionan la presunta liberación de zonas para el ingreso y acopio de drogas —incluida cocaína y marihuana—, el uso de cisternas de agua comunes para ocultar estupefacientes y la comercialización interna sin controles efectivos de requisa.
Acusaciones de zona liberada, extorsiones y lavado de activos
La presentación también detalla maniobras de presunta extorsión y violencia hacia internos que no aceptarían pagar “cuotas” o cánones. Según la denuncia, estos reclusos serían golpeados y expulsados de sus celdas por integrantes de la banda, con el aval de sectores del SPB. Además, se señalan traslados irregulares mediante la confección de falsos “avales de convivencia” elaborados en computadoras oficiales de la Oficina de Ayudantía, con la posterior venta ilegal de plazas habitacionales.
Los internos pidieron que la UFI 9 profundice la investigación y advirtieron que en un allanamiento realizado anteriormente las personas vinculadas a “La Comitiva” y algunas autoridades habrían sido alertadas con varias horas de anticipación, lo que habría permitido esconder drogas y equipos utilizados para conectividad en el pabellón 3. Esa sospecha, remarcan, alimenta la hipótesis de connivencia entre personal penitenciario y los líderes del grupo.
En el marco de la causa, el mes pasado se concretó un procedimiento en el que 11 detenidos resultaron imputados por su presunta participación en una organización destinada a extorsiones, narcotráfico y estafas dentro del Penal 31. El operativo, encabezado por la DDI Quilmes y originado en denuncias de familiares e internos del pabellón 1, permitió el secuestro de 13 teléfonos celulares, dos de ellos localizados en la oficina del subdirector del penal.
Los once internos imputados y el avance de la causa
- En el expediente figuran como imputados Lautaro Agustín Ríos, Juan Alejandro Osuna Aguirre y Antonio Agustín Romero Ramua.
- También fueron acusados Hernán Ariel Gómez, Brian Leonel Funes y Rubén Darío García, a quien se señala como un hombre de confianza dentro de la estructura interna.
- Completan la lista Marcelo Miguel Aquino Barraza, Jonathan Sebastián Giuliani Pérez, Ángel Alberto Segovia González, Carlos Norberto Tortella y Roberto Carlos Echeverría.
“La acreditación de este flujo dinerario documenta la contraprestación espuria brindada por la Jefatura del penal a favor de la cúpula de ‘La Comitiva’”, sostiene el escrito presentado ante la Justicia.
Con esta nueva prueba económica y financiera, los denunciantes buscan que la Fiscalía avance sobre la posible responsabilidad penal de funcionarios del SPB y de los internos señalados, y que se investigue a fondo si existió una estructura organizada para facilitar el negocio del narcotráfico y las extorsiones dentro de la Unidad 31. La causa sigue su curso en los tribunales de Florencio Varela, con expectativas de nuevas medidas de prueba en las próximas semanas.
