En paralelo, el Gobierno prepara una ley para endurecer las sanciones contra empresas que operen sin autorización argentina.
El Gobierno nacional anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, una nueva herramienta que funcionará dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. La medida forma parte de la estrategia oficial para avanzar hacia el ejercicio pleno de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
Según informó el Poder Ejecutivo, el sistema tendrá como objetivo “implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina”. De esta manera, la Cancillería concentrará la coordinación de las distintas áreas estatales que desarrollen acciones relacionadas con la política exterior.
“Permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, indicó el Gobierno.
El nuevo esquema apunta a que las actividades del Estado nacional vinculadas con la cuestión Malvinas queden bajo una coordinación diplomática común. El comunicado oficial señaló que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre los territorios del Atlántico Sur “exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas”.
Cancillería podrá intervenir ante acciones que contradigan la postura argentina
El mecanismo permitirá que el Ministerio de Relaciones Exteriores intervenga cuando detecte que una actividad estatal puede contradecir o debilitar la posición oficial en materia de soberanía. Según el anuncio, la coordinación apunta a “fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales”.
En declaraciones a La Nación+, el canciller Pablo Quirno sostuvo que la estrategia del Gobierno combina sanciones, gestión diplomática y fortalecimiento de capacidades logísticas. “No hay tiros independientes individuales”, afirmó al explicar que las medidas adoptadas forman parte de un esquema articulado.
Quirno también confirmó que la Cancillería quedará a cargo de iniciar los expedientes sancionatorios contemplados en el decreto reglamentario de la ley 26.659, sancionada en 2011 y vinculada con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. El funcionario explicó que el caso “es un tema principalmente de política exterior” y señaló que el alcance de las actividades involucradas supera el plano exclusivamente hidrocarburífero.
Hasta el momento, el Ministerio denunció a 60 empresas en coordinación con la Procuración del Tesoro.
Sanciones y el peso de Vaca Muerta
“El resultado primeramente es evitar que se haga explotación hidrocarburífera en las Malvinas”, sostuvo Quirno. El canciller planteó además que la Argentina dispone actualmente de una herramienta que no tenía cuando se sancionó la legislación vigente: Vaca Muerta como destino de inversiones energéticas.
Según explicó, esa situación permite ejercer presión sobre las decisiones empresariales, ya que las compañías deben optar entre operar en el mercado argentino o vincularse con licencias que el Gobierno considera ilegales en el territorio en disputa.
La estrategia sobre el sector privado se complementará con una iniciativa legislativa. El Gobierno trabaja en el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que atraviesa su última instancia de revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal Murphy.
Una nueva ley para ampliar las sanciones
La iniciativa incorporaría modificaciones a la ley 26.659 para establecer sanciones más severas y ampliar las actividades alcanzadas. Entre las alternativas bajo análisis aparece la incorporación de la pesca, a partir del planteo de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (Fulasp), que pidió extender a las licencias pesqueras otorgadas por el Reino Unido el criterio aplicado a las petroleras.
En paralelo, el diputado Guillermo Michel presentó un proyecto destinado a sancionar la pesca ilegal en las islas. La iniciativa del Poder Ejecutivo, en tanto, ingresará por la Cámara de Diputados, donde el Gobierno prevé iniciar el tratamiento en comisión entre fines de septiembre y principios de octubre.
“Es un tema que no debería suponer resistencia, por lo que descontamos que tendrá dictamen rápido”, expresó una fuente oficial citada por Infobae. Los ministros Pablo Quirno y Carlos Presti, de Defensa, participaron directamente en la elaboración del articulado y aparecen entre los posibles funcionarios que expondrán ante el Congreso durante el tratamiento de la iniciativa.
