La asociación civil presentó una denuncia penal contra la magistrada de Lomas de Zamora por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. Pascual había suspendido durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires de la ley que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
La asociación civil Usina de Justicia denunció penalmente a la jueza bonaerense Marta Elba Pascual, quien el lunes suspendió durante 60 días la aplicación en la provincia de Buenos Aires del nuevo Régimen Penal Juvenil que establece la edad de imputabilidad desde los 14 años.
La presentación acusa a la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad. La denuncia se conoció un día después de que Pascual hiciera lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de la libertad.
Qué cuestiona Usina de Justicia
En su presentación, Usina de Justicia sostuvo que la resolución de Pascual resulta “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho” y consideró que viola la división de poderes.
La asociación cuestionó además los argumentos utilizados por la magistrada para suspender la aplicación de la norma. Según planteó, la decisión se basó en un escenario hipotético respecto de las consecuencias que podría tener la implementación del nuevo régimen y no en una vulneración concreta de derechos.
Otro de los cuestionamientos apunta a la conclusión de Pascual de que la nueva legislación podría generar un aumento considerable de adolescentes privados de la libertad. Los denunciantes remarcaron que la ley fija un máximo de 15 años para las penas privativas de libertad, prohíbe las condenas perpetuas e incorpora medidas alternativas a la prisión.
Usina de Justicia también consideró que la jueza excedió sus atribuciones al suspender los efectos de una ley penal sancionada por el Congreso Nacional.
Según la presentación, durante los 60 días establecidos por Pascual los adolescentes alcanzados por la nueva edad de imputabilidad tendrán en territorio bonaerense un tratamiento diferente al vigente en otras jurisdicciones del país.
Por qué Pascual suspendió la aplicación de la ley
La jueza había dispuesto la suspensión al considerar que la provincia de Buenos Aires no cuenta actualmente con las condiciones necesarias para recibir el aumento de adolescentes que podría incorporarse al sistema penal.
Pascual señaló que existen deficiencias de infraestructura y recursos en los dispositivos de privación de la libertad bonaerenses. Su planteo fue que la incorporación de jóvenes de 14 y 15 años podría incrementar la población alojada en esos establecimientos y profundizar los problemas existentes.
La magistrada también aclaró públicamente que su decisión no implica un rechazo a la reducción de la edad de imputabilidad, sino que cuestiona su implementación sin contar previamente con los recursos necesarios.
Como parte de su resolución, convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, a las 10, en la que deberán participar funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez. Allí deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles tienen previstas para implementar el nuevo régimen.
La Ley 27.801 entró en vigencia a nivel nacional el pasado 5 de septiembre y reemplazó el régimen penal juvenil anterior. Entre sus principales modificaciones estableció en 14 años la edad mínima para quedar alcanzado por el sistema de responsabilidad penal juvenil.
