La jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense. La magistrada advirtió sobre la falta de infraestructura y recursos para recibir a más adolescentes en el sistema. La decisión provocó fuertes críticas de Patricia Bullrich y otros dirigentes del Gobierno nacional.
El nuevo Régimen Penal Juvenil apenas llevaba dos días de vigencia en la provincia de Buenos Aires cuando la Justicia ordenó suspender su aplicación durante 60 días. La decisión volvió a colocar en el centro de la discusión la edad de imputabilidad, pero también dejó expuesto otro problema: qué condiciones tiene la Provincia para poner en funcionamiento el sistema previsto por la nueva ley.
La medida fue dictada por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un hábeas corpus preventivo y colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. La magistrada planteó dudas sobre la infraestructura, los recursos y los equipos profesionales disponibles para atender a los adolescentes de 14 y 15 años que quedarían alcanzados por el nuevo régimen.
La reforma nacional establece que los adolescentes desde los 14 años pueden quedar sometidos a un régimen penal por determinados delitos. Hasta ahora, el límite de imputabilidad se ubicaba en los 16 años. La normativa entró en vigencia el sábado y fue reglamentada por el Gobierno nacional el lunes, el mismo día en que la Justicia bonaerense dispuso su suspensión en el territorio provincial
La reacción del oficialismo nacional fue inmediata. Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la reforma, responsabilizó directamente a Axel Kicillof por la situación y cuestionó tanto al Ejecutivo bonaerense como a la Justicia provincial.
La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que Kicillof “se pone del lado de los delincuentes” y afirmó que los bonaerenses viven “con miedo”. También apuntó contra la Justicia, a la que calificó de “garantista” por, según su interpretación, dejar en libertad a personas que cometen delitos.
En la misma línea se expresaron otros dirigentes del Gobierno. Diego Santilli cuestionó el silencio del gobernador y sostuvo que, con la suspensión, un adolescente de 14 años que cometa un delito grave podría quedar impune. El ministro de Defensa, Luis Petri, también criticó la decisión judicial y defendió la aplicación de la reforma aprobada por el Congreso.
Pero el argumento de la Justicia fue otro. Pascual no cuestionó en su resolución la posibilidad de establecer un régimen penal para adolescentes de menor edad. El planteo central estuvo relacionado con las condiciones concretas para aplicarlo.
La jueza advirtió que debe determinarse si existen las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para alojar a los jóvenes bajo los estándares que exige la legislación sobre derechos de niños y adolescentes. También señaló que la puesta en marcha del nuevo sistema podría aumentar la cantidad de menores detenidos y extender los períodos de permanencia en centros de alojamiento.
En declaraciones posteriores, Pascual explicó que el objetivo de la suspensión es que durante estos 60 días las autoridades definan quién estará a cargo del seguimiento de los jóvenes, qué recursos tendrán los centros y cómo se implementarán las alternativas al encierro contempladas por la propia legislación. La magistrada rechazó, además, la caracterización de su postura como una defensa de los delincuentes y sostuvo que busca que el régimen pueda aplicarse dentro de las condiciones que establece la ley.
La discusión, de este modo, quedó partida en dos planos. Para el Gobierno nacional, la suspensión representa un obstáculo para una reforma que busca modificar la respuesta penal frente a los delitos cometidos por menores. Para la Justicia que dictó la medida, el punto inmediato es determinar si existen las herramientas necesarias para aplicar esa reforma sin trasladar el problema de los adolescentes en conflicto con la ley a un sistema que no esté preparado para recibirlos.
La audiencia convocada para el 16 de septiembre será un punto relevante de esa discusión. Allí deberán presentarse funcionarios bonaerenses para explicar qué medidas adoptó la Provincia y cómo prevé implementar el régimen.
Mientras tanto, la reforma que el Gobierno nacional presentó como un cambio de fondo en el tratamiento penal de los menores quedó temporalmente fuera de aplicación en el distrito más poblado del país. Y el debate ya no pasa solamente por a qué edad debe comenzar la responsabilidad penal, sino también por qué sistema existe detrás de esa decisión y con qué recursos cuenta para funcionar.
