La jueza que frenó el régimen penal juvenil defendió su fallo

La magistrada sostuvo que la provincia no está preparada para aplicar la nueva ley

La jueza Marta Elba Pascual explicó los fundamentos de su fallo sobre el Régimen Penal Juvenil

NewsITe

La jueza de Garantías del Joven Marta Elba Pascual, con actuación en la provincia de Buenos Aires, rompió el silencio tras la decisión judicial que suspendió por 60 días la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil. La magistrada aclaró que su fallo no apunta a cuestionar la baja de la edad de imputabilidad, sino a las condiciones reales en las que el sistema comenzaría a implementarse en el territorio bonaerense.

Según indicó, la Provincia no cuenta hoy con la infraestructura, los dispositivos de alojamiento ni el personal especializado necesarios para enfrentar un eventual aumento de adolescentes privados de su libertad. La medida, de carácter preventivo y temporario, busca evitar que jóvenes sean incorporados al régimen sin garantías mínimas de educación, contención y tratamiento.

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“Soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad”, señaló Pascual en declaraciones radiales, dejando en claro que conoce de primera mano la problemática del delito juvenil. En ese marco, afirmó que no desconoce la gravedad de los hechos cometidos por menores, pero advirtió que encerrar sin un marco adecuado puede profundizar el problema en lugar de resolverlo.

La jueza expresó su mayor preocupación en torno a las condiciones de alojamiento de los chicos y a las herramientas concretas disponibles para su reinserción. “Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito”, graficó, al justificar la necesidad de contar con centros especializados y programas integrales.

Un fallo preventivo y el reclamo de recursos al Estado

La suspensión del Régimen Penal Juvenil se dictó a partir de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, organización que trabaja con jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y adicciones. El planteo advertía sobre el riesgo de aplicar la nueva normativa sin contar con estructuras adecuadas para la atención de los adolescentes.

En su resolución, Pascual sostuvo que antes de ampliar el universo de jóvenes alcanzados por el régimen —al habilitar la imputación desde los 14 años— el Estado provincial debe garantizar la existencia de establecimientos específicos, profesionales capacitados y presupuesto suficiente para aplicar las medidas previstas: desde dispositivos de alojamiento hasta programas educativos, terapéuticos y de formación en oficios.

  • La medida tiene un plazo de 60 días, prorrogable según la información que aporte el Ejecutivo bonaerense.
  • Durante ese período, la Justicia requerirá detalles sobre cómo se implementará el nuevo régimen y con qué recursos contará.
  • El fallo no declara inconstitucional la ley, pero condiciona su aplicación efectiva a la existencia de recursos y dispositivos adecuados.

Pascual negó ser “garantista” en sentido peyorativo y pidió seguridad

La magistrada también respondió a las críticas que recibió desde sectores políticos y mediáticos que la acusaron de frenar una herramienta clave contra el delito. “Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente”, replicó, al remarcar que su decisión no supone un rechazo ideológico a la baja de edad de imputabilidad.

“Bajar la edad sin infraestructura ni programas adecuados puede producir más violencia y reincidencia, no menos”, es el razonamiento que subyace al fallo, según explicaron fuentes judiciales.

El debate sobre el Régimen Penal Juvenil se enmarca en una discusión más amplia sobre cómo abordar el delito cometido por menores en contextos de vulnerabilidad social, consumo problemático y falta de oportunidades. Mientras el Poder Ejecutivo provincial deberá ahora detallar su plan de implementación, organizaciones sociales y especialistas reclaman que cualquier reforma penal juvenil sea acompañada por fuertes políticas de inclusión, educación y salud mental, para que el encierro no se convierta en el único horizonte para miles de adolescentes.

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