El oficialismo busca avanzar con una norma clave para el plan económico
NewsITe
El Senado de la Nación retomará esta semana el tratamiento del proyecto de Inocencia Fiscal II, una reforma central para la estrategia económica del Gobierno que apunta a blanquear ahorros en moneda extranjera hoy fuera del circuito financiero formal. La discusión se dará en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto, que sesionarán desde las 17.
Las comisiones son presididas por los senadores libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde, quienes buscarán encaminar un dictamen lo antes posible. En la Casa Rosada y en el equipo económico consideran prioritario que la ley sea aprobada durante septiembre, en línea con el programa de estabilización y la necesidad de atraer divisas al sistema financiero local.
La reunión de este martes será de carácter informativo: se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía y de organismos recaudadores, que detallarán los alcances técnicos de la iniciativa y responderán preguntas de los legisladores. Luego, el oficialismo intentará acelerar los tiempos para emitir dictamen y llevar el proyecto al recinto.
Mayor alcance para contribuyentes y nuevo plazo de adhesión
La propuesta modifica puntos centrales de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, ampliando el universo de contribuyentes habilitados. De aprobarse, todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país podrán optar por adherirse al régimen, sin límites de ingresos anuales ni de patrimonio declarado.
Actualmente, solo pueden acceder quienes registran ingresos anuales de hasta $1.000 millones y un patrimonio que no supere los $10.000 millones. El nuevo esquema elimina esos topes, con el objetivo de incentivar que más ahorristas, especialmente quienes poseen dólares fuera del sistema, ingresen sus fondos al circuito formal.
Otro aspecto relevante es la extensión del plazo para acceder a los beneficios del régimen: la fecha límite pasaría al 31 de diciembre de 2027. De esta forma, el Gobierno busca ofrecer una ventana más amplia para que los contribuyentes regularicen su situación y blanqueen activos.
Rol de ARCA, controles y cambios para PyMEs
El proyecto mantiene y refuerza las facultades de fiscalización de la Administración Federal de Ingresos (ARCA) sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria. En este marco se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, el parámetro que habilita al organismo a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar el Impuesto a las Ganancias.
Según el texto que se discute en el Senado, se considerará que existe discrepancia significativa cuando la impugnación derive en un incremento del impuesto determinado o en una reducción de quebrantos no inferior al 15% respecto de lo declarado por el contribuyente. Este criterio apunta a acotar las revisiones a casos con desvíos relevantes.
Además, quienes adhieran al régimen deberán canalizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando herramientas autorizadas por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV). La meta oficial es desalentar el uso de mecanismos informales y fortalecer la trazabilidad del dinero.
Impacto político y alivio para las PyMEs
- La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores y necesita el respaldo de al menos 16 legisladores de la UCR, el PRO y bloques provinciales para aprobar la ley.
- Se acordó una reducción del 25% en las multas por infracciones formales para pequeñas y medianas empresas, con el fin de alivianar la carga administrativa.
El oficialismo considera que la reforma de Inocencia Fiscal II es una pieza clave para atraer divisas, ampliar la base de contribuyentes y consolidar el programa económico.
El desenlace del debate en el Senado será determinante para el rumbo fiscal del Gobierno. Si el proyecto consigue los consensos necesarios, la nueva ley podría convertirse en una herramienta relevante para formalizar capitales, fortalecer la recaudación y dar una señal de previsibilidad a los inversores en un contexto de persistente fragilidad económica.
