Una jueza de Lomas de Zamora ordenó frenar preventivamente la implementación de la nueva ley penal juvenil. Advirtió sobre las condiciones de los centros de detención y convocó a funcionarios bonaerenses a una audiencia.
La jueza Marta Elba Pascual suspendió de manera preventiva la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La norma reduce de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad y había entrado en vigencia nacional el 5 de septiembre.
La titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora resolvió la medida este lunes. Hizo lugar a un hábeas corpus preventivo y colectivo que presentó la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en representación de adolescentes privados de libertad.
El fallo coincidió con la reglamentación de la Ley 27.801 por parte del Gobierno nacional. La suspensión alcanza al territorio bonaerense mientras se mantenga vigente la medida judicial.
En sus fundamentos, Pascual planteó dudas sobre la capacidad provincial para alojar a los adolescentes que quedarían alcanzados por el régimen. Cuestionó si existen “las condiciones edilicias, institucionales y profesionales indispensables para albergar a esta población bajo los estándares que exigen los derechos humanos de la niñez”.
La magistrada sostuvo que la reforma provocará “un aumento considerable en la cantidad de personas menores de edad detenidas”. Vinculó esa previsión tanto con nuevos ingresos como con una mayor permanencia en los establecimientos y advirtió que el hacinamiento “inevitablemente incrementa los niveles de inseguridad y violencia”.
Pascual convocó a una audiencia para el 16 de septiembre, a las 10. Los funcionarios provinciales responsables de implementar la norma deberán explicar qué medidas adoptaron, cuáles proyectan y en qué plazos.
El Ministerio de Seguridad, el organismo provincial de Niñez y el Ministerio de Justicia bonaerenses deberán garantizar el cumplimiento de la suspensión.
Qué establece el nuevo régimen penal juvenil
La Ley 27.801 reemplaza el sistema vigente desde 1980 y establece un máximo de 15 años de privación de libertad, incluso cuando concurran varios delitos. Además, prohíbe las penas perpetuas e incorpora el monitoreo electrónico como sanción autónoma.
La norma contempla la posibilidad de cumplir dos tercios de la condena bajo detención y el resto mediante otras sanciones. Para delitos con penas de hasta tres años, prevé alternativas como tareas comunitarias, reparación del daño, prohibiciones de acercamiento y amonestación formal.
La suspensión judicial generó una reacción de la senadora libertaria y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien cuestionó al gobernador Axel Kicillof y a la Justicia provincial en la red social X.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, escribió.
La legisladora también apuntó contra los tribunales bonaerenses: “Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
