“Padecemos una ausencia perpetua”: el reclamo detrás de la nueva ley
NewsITe
El nuevo régimen penal juvenil, que baja la edad de imputabilidad a 14 años y fija un esquema de penas específico para menores de edad, entró en vigencia el 5 de septiembre y reabrió el debate sobre cómo responde el Estado frente a delitos graves cometidos por adolescentes. Madres de víctimas de homicidios cometidos por menores expresaron su apoyo a la normativa y reclamaron que, al hablar de derechos humanos, se incluya también a las víctimas.
Laura Fernández, mamá de Lara Valentina —asesinada de un disparo en la nuca a los 17 años, el 1° de enero de 2022 en Parque Barón, cuando intentaron robarle el celular—, valoró la entrada en vigencia de la ley pero lamentó que no se hubiera aprobado antes. Tres de los acusados por el crimen fueron condenados en 2024 a penas de entre 20 y 24 años de prisión; el cuarto, que tenía 15 años al momento del hecho, quedó bajo el régimen de la Justicia juvenil.
“Es un gran avance a la situación que hoy vivimos. Me hubiera gustado que salga mucho antes y quizá se evitaba que muchas familias estemos destruidas y sin justicia eternamente”, señaló Fernández. A la vez, advirtió que el límite de 14 años resulta insuficiente frente a la realidad delictiva en los barrios, donde observa que chicos de 11 o 12 años ya participan en robos y hechos violentos.
El pedido de que las víctimas entren en la agenda de derechos humanos
Fernández destacó la organización de los familiares de víctimas para impulsar la reforma legislativa. “Pude aportar mi granito de arena para que salga la ley y, en nombre de mi hija Lara, agradezco a cada familia que también lo hizo. Nos unimos como víctimas y me enorgullece lo logrado”, remarcó, al tiempo que describió la sensación de “ausencia perpetua” que atraviesan quienes pierden a un hijo en un hecho violento.
En la misma línea se expresó María Eugenia Rodríguez, mamá de Umma Aguilera, la nena de 9 años asesinada durante un intento de robo en enero de 2024. Por ese caso, tres acusados recibieron prisión perpetua y un menor de 17 años fue condenado a 12 años en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Rodríguez enfatizó que la nueva ley busca equilibrar la protección a los adolescentes con la necesidad de que los delitos tengan consecuencias reales.
“Defender los derechos de los adolescentes no debe significar olvidar los derechos de las víctimas”, sostuvo. Dijo creer en la prevención, la educación y la reinserción, pero también en la responsabilidad penal frente a hechos graves. Aseguró que su apoyo a la ley no nace de la venganza, sino del amor por su hija y de la convicción de que ninguna otra familia debería atravesar ese dolor.
“Todo está armado para proteger a los delincuentes”
Otro de los testimonios es el de Romina Monzón, mamá de Jeremías, un adolescente de 15 años asesinado de más de 20 puñaladas en diciembre de 2025 en un galpón frente al estadio de Colón de Santa Fe. Por el crimen, una joven de 16 años fue acusada como coautora y su madre como partícipe secundaria, con un pedido de 15 años de prisión. Monzón describió el sistema anterior como “obsoleto” y aseguró que la nueva ley representa “una mejoría increíble” porque pone “el eje en las víctimas”.
- Denunció que, por ser menores de 16 años, dos de los implicados en el homicidio de su hijo permanecen en libertad, sin antecedentes registrados.
- Valoró que el nuevo régimen penal juvenil establezca consecuencias y un registro del accionar delictivo también para los menores.
“La nueva ley pone el eje en la víctima. Es tan necesario que se priorice a las víctimas y que sea algo federal”, expresó Monzón, quien reclamó que el debate no minimice el sufrimiento de las familias que perdieron a sus hijos.
Las madres coincidieron en reclamar que el sistema penal juvenil contemple la reinserción social, pero sin dejar de lado la responsabilidad frente a delitos graves y el reconocimiento a quienes cargan con la “ausencia perpetua” de sus hijos. En un contexto de fuerte discusión política y social sobre la baja de la edad de imputabilidad, su voz busca que el debate incorpore, de manera efectiva, los derechos de las víctimas y sus familias.
