Tras un nuevo fracaso en la paritaria del interior del país, el secretario general de la seccional San Nicolás de la UTA advirtió que la propuesta de mejora salarial presentada por la Fatap representa “una falta de respeto a la clase trabajadora”. La cámara empresaria ofertó subas del 2% no acumulables para los meses de julio, agosto y septiembre. “Si hay que hacer asambleas, haremos asambleas. Y si hay que parar, pararemos”, aseveró el dirigente gremial colectivero.
De la redacción de EL NORTE
[email protected]
La extensa novela de la trabada paritaria para los trabajadores y trabajadoras del transporte público de corta y media distancia del interior del país tendrá esta próxima semana un nuevo capítulo. Convocados por la Secretaría de Trabajo de la Nación, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) volverán a reunirse el próximo martes desde las 15:00. Con un ofrecimiento de mejora hecho por el sector empresario y rechazado de plano por el gremio, el escenario es delicado. “Si hay que hacer asambleas, haremos asambleas. Y si hay que parar, pararemos”, aseveró a EL NORTE el secretario general de la seccional San Nicolás de la UTA, Tomás Lencina.
En la audiencia paritaria más reciente, celebrada el miércoles pasado, la entidad empresaria de la que forma parte la concesionaria local EVHSA ofreció subas del 2% para otorgar con los salarios de julio, agosto y septiembre, la primera de ellas no remunerativa y las otras remunerativas. Y un detalle no menor: las mejoras no serían de carácter acumulativo.
En esa misma reunión, el gremio calificó el ofrecimiento como “completamente insuficiente para alcanzar un acuerdo”.
“Ese ofrecimiento salarial es una falta de respeto a la clase trabajadora. No alcanza ni para comprar caramelos”, enfatizó Lencina. Y completó: “Esta seccional va a acatar lo que defina el consejo directivo nacional del gremio. Si hay que hacer asambleas, haremos asambleas. Y si hay que parar, pararemos”.
Asambleas
Las referencias a un eventual paro y a la celebración de asambleas de trabajadores que también resentirían la normal prestación del servicio de transporte público no son antojadizas. En primer lugar, porque la UTA mantiene en suspenso un paro por 24 horas ya anunciado en todo el interior del país. Y en segundo lugar, porque la celebración de asambleas seccionales es una alternativa que el propio gremio ya anticipó en la Secretaría de Trabajo.
“En atención al ofrecimiento empresario del que se toma conocimiento en este acto, informamos que se celebrarán asambleas en las empresas de transporte de corta y media distancia del interior del país”, asentó el gremio en el acta oficial de la última audiencia paritaria.
La UTA no pide otra cosa que no sea equiparar en el interior del país la misma escala salarial que ya acordó con las empresas que brindan servicios en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una jurisdicción alcanzada por subsidios nacionales, provinciales y de CABA.
En aquella negociación, que se cerró hacia fines de julio pasado, se estableció un salario mínimo de $1.645.721,36 para julio, con aumentos escalonados por dos meses. En agosto ascendió a $1.676.990,06, mientras que en septiembre alcanzará los $1.707.175,88.
Tales son los números que la UTA busca replicar para las ciudades del interior.
¿Medida de fuerza?
Tal como ya había consignado EL NORTE, la posibilidad de un conflicto abierto que implique la suspensión de los servicios de transporte público de corta y media distancia en todo el interior del país, incluido el de San Nicolás, es cierta. Pero también lejana. Ocurre que la medida de fuerza que originalmente había sido anunciada para el viernes 14 de agosto pasado por la UTA y luego suspendida en medio de la negociación por los salarios de los trabajadores no quedó desactivada.
Sin embargo, la cartera laboral podrá jugar la carta de la conciliación obligatoria para conservar la paz social al menos hasta la primera semana de octubre.
Habrá que ver lo que sucede este martes. Aunque es probable que no haya acuerdo y que el gremio recurra entonces –ahora sí– a la medida de acción directa, el eventual paro todavía podrá evitarse: la cartera laboral estará en condiciones de dictar un periodo de conciliación obligatoria que conmine a las partes a no innovar para seguir negociando. Es decir, el gremio no podrá concretar la medida de fuerza hasta agotado el periodo de la conciliación.
Las conciliaciones obligatorias se extienden por periodos de 15 días hábiles y pueden ser prorrogadas una única vez durante otros cinco. Es decir, que si el Gobierno juega esa carta, la conciliación inicial se extenderá hasta el 29 de septiembre, e incluso hasta el 6 de octubre en caso de dictarse la prórroga.
