Infraestructura e industria, dos pilares para un desarrollo sostenible
NewsITe
Con un riesgo país nuevamente por encima de los 500 puntos básicos y sin acceso al financiamiento internacional en condiciones sustentables, Argentina enfrenta el desafío de crecer sin recurrir a más deuda. En este escenario, economistas y analistas coinciden en que el margen de acción pasa por aprovechar mejor los recursos existentes y orientar la política económica hacia la producción y el empleo, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio fiscal.
El actual programa financiero oficial prácticamente descarta nuevas emisiones de deuda externa para lo que resta de 2026 y todo 2027. Eso obliga a cualquier gobierno a diseñar estrategias de crecimiento que no dependan del endeudamiento para sostener déficits. La clave, señalan los especialistas, está en revisar el uso de los activos públicos y reactivar la capacidad productiva hoy ociosa.
Uno de los puntos más sensibles es la obra pública. El Presupuesto 2026 prevé destinar alrededor del 0,4% del PBI a infraestructura, muy por debajo del promedio latinoamericano, que se ubica entre 2% y 2,5%. Organismos como el Banco Mundial estiman que un país que busca desarrollarse debería invertir entre 4% y 6% del producto en rutas, ferrocarriles, redes de agua, energía y logística.
Reactivar la obra pública para cuidar el capital productivo
La drástica reducción de la inversión pública implica, en los hechos, consumir el stock de capital acumulado durante décadas. Rutas en mal estado, redes ferroviarias deterioradas y sistemas eléctricos sin mantenimiento afectan no solo a los usuarios sino también a los sectores generadores de divisas. Desde la industria energética y minera ya advierten que la situación vial pone en riesgo el desarrollo de Vaca Muerta, la minería del litio y la competitividad del agro.
La construcción es, además, uno de los sectores con mayor efecto multiplicador sobre el resto de la economía, con coeficientes estimados entre 1,8 y 2,5. Sin embargo, en junio la industria utilizó apenas el 59,1% de su capacidad instalada, y la metalmecánica se movió en torno al 41,5%. Fábricas y talleres funcionan muy por debajo de su potencial, a la espera de demanda que podría llegar a través de nuevos proyectos de infraestructura.
Para financiar ese impulso, distintas propuestas apuntan al uso más eficiente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Ese fondo posee participaciones accionarias en empresas privadas argentinas por unos US$ 12.000 millones, heredadas de la estatización de las AFJP en 2008. Durante años se sostuvo la expectativa de que esa presencia en los directorios serviría como herramienta de influencia sobre la inversión privada, algo que en los hechos no ocurrió.
Un rediseño del Fondo de Garantía para apuntalar la inversión
Análisis retrospectivos señalan que, de haberse vendido esas acciones en 2010 y reinvertido en fondos internacionales, su valor sería hoy varias veces superior. Más allá de la hipótesis, el diagnóstico es que el instrumento no cumplió ni el objetivo político de orientar decisiones empresarias ni el financiero de preservar y valorizar los ahorros previsionales.
En este contexto, gana fuerza la idea de vender gradualmente ese paquete accionario y destinar los recursos a un plan de infraestructura federal. Se trataría de cerca del 2% del PBI que permitiría motorizar obras sin incrementar el stock de deuda ni deteriorar el resultado fiscal. El Estado cambiaría así activos financieros inmovilizados y de baja incidencia económica por capital físico con impacto directo en productividad y empleo.
Política industrial selectiva: encadenar energía, minería e industria
El otro eje del debate es la política industrial. Las ramas más golpeadas por la recesión podrían reconvertirse en proveedoras estratégicas de la energía y la minería, dos sectores con fuerte expansión exportadora. Entre mayo de 2025 y junio de 2026, distintos proyectos de inversión importaron bienes de capital por unos US$ 284 millones, de los cuales el 87% correspondió a insumos metalúrgicos que la industria local está en condiciones de fabricar.
A pesar de esa oportunidad, la producción metalúrgica vinculada a la minería cayó 6,4% interanual en julio, y la asociada a petróleo y gas retrocedió 4,4%. En otras palabras, el país atraviesa un boom exportador que demanda equipamiento del exterior, mientras empresas argentinas con capacidad instalada ociosa compiten por sobrevivir.
- Desarrollo de proveedores nacionales con estándares y certificaciones internacionales.
- Fondos de garantía para pymes y promoción de uniones transitorias de empresas.
- Reglas claras de contenido local y articulación con escuelas técnicas y universidades.
- Profundización de la integración productiva con Brasil y el Mercosur.
Producción, empleo y equilibrio fiscal
Especialistas subrayan que el costo fiscal de una política industrial selectiva bien diseñada es relativamente bajo frente al potencial de generación de divisas y empleo. Lo que se requiere, señalan, es coordinación público-privada, información de calidad y decisiones políticas sostenidas en el tiempo.
En paralelo, el vínculo con Brasil y el Mercosur sigue siendo clave para sectores como el automotriz, autopartista y de bienes de capital. El marco que fije el acuerdo Mercosur–Unión Europea también será determinante para definir la especialización productiva de la Argentina en los próximos años.
“Un superávit que se consigue destruyendo capital público y capacidades productivas termina comiéndose a sí mismo y deja de ser sostenible”, advierten economistas consultados.
La conclusión que se impone en los círculos técnicos es que la sostenibilidad fiscal no puede separarse de la producción y el empleo. Reactivar la obra pública con financiamiento genuino y aplicar una política industrial selectiva orientada a los sectores dinámicos aparece como una hoja de ruta posible para que la economía vuelva a crecer sin recurrir a un endeudamiento que hoy no está al alcance del país.
