La senadora afirmó que los adolescentes que cometan delitos deberán responder ante la Justicia. La nueva normativa redujo la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y estableció penas de hasta 15 años para los casos más graves.

La senadora nacional Patricia Bullrich celebró este sábado la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. A través de una publicación en redes sociales, aseguró que la reforma terminará con la impunidad de los adolescentes que cometan delitos.
“Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”, escribió Bullrich. Aunque la legisladora utilizó esa expresión, la Ley 27.801 establece que el nuevo sistema alcanza a los adolescentes desde los 14 años.
La exministra de Seguridad sostuvo que “se terminó la excusa de la edad para delinquir” y agregó: “El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace”.
“Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar”, afirmó la senadora. Además, defendió el enfoque de la reforma y señaló que “la ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos”.
Bullrich cerró su publicación con otro mensaje dirigido a las personas afectadas por delitos cometidos por adolescentes. “Para las víctimas de menores delincuentes y sus familias, una pizca de la justicia que nunca van a tener”, expresó.
Los principales cambios del régimen
La nueva normativa reemplaza el régimen que estaba vigente desde 1980. Además de reducir la edad de imputabilidad, establece un sistema especial para juzgar y condenar a los adolescentes de 14 años o más que cometan delitos contemplados en el Código Penal.
La reforma no dispone el encarcelamiento automático. Para determinados casos, los jueces podrán aplicar medidas alternativas, como la reparación del daño, restricciones de acercamiento, reglas de conducta y la participación en actividades educativas o comunitarias.
El sistema también incorpora el monitoreo mediante tobilleras electrónicas y crea la figura de un supervisor especializado. Ese profesional tendrá a su cargo el seguimiento y la asistencia de los adolescentes que reciban penas alternativas.
Para delitos graves, como homicidios o abusos sexuales, la ley contempla penas de privación de la libertad de hasta 15 años. La normativa prohíbe la prisión perpetua y ordena que los adolescentes permanezcan alojados en establecimientos especiales, separados de los adultos.
La Ley 27.801 también determina que los padres serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos. Al mismo tiempo, fortalece la participación de las víctimas y garantiza que reciban información durante todo el proceso judicial.

