Descuentos masivos a docentes tras el último paro en La Rioja
NewsITe
La administración del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, enfrenta un nuevo conflicto con la docencia luego de que la Asociación de Maestros y Profesores (AMP) denunciara importantes descuentos salariales a trabajadores que participaron del reciente paro. Según el gremio, se registraron quitas de entre $300.000 y $400.000 en los recibos de sueldo de agosto de docentes que tienen dos cargos en el sistema educativo provincial.
Los comprobantes de haberes correspondientes a agosto estuvieron disponibles desde la madrugada del 2 de septiembre. A partir de ese momento, el sindicato comenzó a recibir numerosos reclamos de afiliados que advirtieron la eliminación del Incentivo Provincial para la Enseñanza (IPE), un adicional que representa una parte significativa del ingreso mensual.
El secretario general de AMP, Rogelio De Leonardi, señaló que en la primera presentación administrativa se incorporaron entre 20 y 30 casos concretos, aunque el gremio sostiene que el universo de afectados supera la treintena de docentes. La organización gremial envió cartas documento al Ministerio de Educación exigiendo explicaciones y la restitución de las sumas descontadas.
El rol del Incentivo Provincial para la Enseñanza
De Leonardi explicó que el IPE ronda los $160.000 por cargo. Para quienes acumulan dos puestos, la pérdida del adicional puede ubicarse entre $300.000 y $400.000, lo que implica una merma muy fuerte sobre el salario. Según el referente sindical, el básico docente en La Rioja se ubica en $348.581, por lo que la quita del incentivo absorbe una porción determinante del haber mensual.
Desde el Gobierno provincial, el IPE fue concebido como un plus vinculado a la presencia efectiva frente al aula, con límites en la cantidad de inasistencias permitidas para conservar el beneficio. Sin embargo, AMP califica ese esquema como un “presentismo encubierto” y sostiene que la pérdida total del adicional puede dispararse con más de dos faltas, incluso cuando están justificadas por enfermedad, cuidado de familiares o duelo.
Disputa gremial, asistencia y derecho a la protesta
Para el sindicato, los descuentos son “arbitrarios” y “extorsivos” y constituyen una forma de castigo a quienes adhirieron a las medidas de fuerza del 1 de septiembre. Hasta el momento, no hay una resolución judicial ni administrativa que haya dejado sin efecto las liquidaciones practicadas, por lo que el conflicto se encamina a los tribunales.
- AMP reclama que el IPE se incorpore al salario básico para que deje de depender de la asistencia estricta.
- El gremio denuncia que el temor a perder el incentivo desincentivó la adhesión a la última huelga.
- El Gobierno había anunciado la continuidad del IPE durante 2026 como respuesta al retiro de fondos nacionales.
El sindicalismo docente advierte que el esquema actual condiciona el ejercicio del derecho a huelga, ya que cualquier ausencia podría traducirse en un recorte abrupto del salario. De Leonardi afirmó que ese temor explica en parte por qué el último paro tuvo menor adhesión que el anterior.
“Una suma anunciada como refuerzo salarial termina convirtiéndose en un mecanismo de castigo cuando el trabajador queda fuera de los requisitos de asistencia”, sostienen desde AMP.
La tensión entre la gestión de Quintela y la docencia se inscribe en un escenario nacional de ajuste y retiro de fondos educativos. En La Rioja, el desenlace de esta disputa será clave para definir cómo se compone el salario docente y qué márgenes reales tienen los trabajadores para protestar sin arriesgar una reducción drástica de sus ingresos.
