Un fallo judicial que reabre el debate sobre los derechos de los animales
NewsITe
Un fallo del juez federal Federico Calvete, con competencia en Tierra del Fuego, volvió a poner en el centro de la escena el estatus jurídico de los animales en la Argentina. En una resolución vinculada al control de conejos europeos en Ushuaia, el magistrado consideró que estos animales son “sujetos de derechos no humanos” por tratarse de seres sintientes y, en consecuencia, titulares de derechos fundamentales que merecen protección judicial.
La decisión se enmarca en una causa iniciada en 2020, cuando organizaciones proteccionistas recurrieron a la Justicia para frenar un plan del Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC), organismo dependiente del CONICET. La institución científica había propuesto utilizar fosfuro de aluminio, que libera gas fosfina, para reducir la población de conejos que habita en su predio, ubicado en las inmediaciones de la bahía de Ushuaia.
El CADIC argumentaba que los conejos construyen madrigueras que afectan los cimientos del edificio y generan daños ambientales en el ecosistema local. En aquel momento, el juez Calvete ordenó suspender el operativo de eliminación masiva y dio lugar al reclamo de las entidades proteccionistas, que advertían sobre el sufrimiento animal y los potenciales riesgos del uso de ese tipo de sustancias químicas.
Al declarar ahora “abstracta” la causa, el magistrado aprovechó para profundizar en la condición jurídica de los animales. Señaló que no pueden ser considerados simples objetos, como “un automóvil o un inmueble”, y remarcó que el ordenamiento legal debe contemplar su carácter de seres sensibles, capaces de experimentar dolor y placer.
Una especie exótica invasora con fuerte impacto ambiental
El caso se vuelve especialmente complejo porque el conejo europeo (Oryctolagus cuniculus), también conocido como conejo de castilla, es catalogado a nivel mundial como una de las especies exóticas invasoras más dañinas. De acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), integra el listado de los cien organismos invasores más perjudiciales a escala global.
En la Argentina, el Ministerio de Ambiente de la Nación dictó en diciembre de 2020 la resolución 474/2020, que declaró a las poblaciones silvestres de estos conejos como “dañinas y perjudiciales para la conservación de la biodiversidad y las actividades productivas”. La medida se apoyó en sus características biológicas y en su capacidad para expandirse rápidamente en distintos ambientes.
Cómo llegó el conejo europeo al país y cuáles son sus riesgos
La presencia del conejo europeo en territorio argentino se remonta a los siglos XIX y XX, cuando fue introducido deliberadamente en la isla de Tierra del Fuego. Su incorporación tenía fines productivos: servir como fuente de proteína animal y proveer cuero y piel para la industria. Con el correr de las décadas, la especie se adaptó con éxito y comenzó a expandirse, especialmente en la región patagónica.
Actualmente, los especialistas señalan que los conejos mantienen una dinámica de dispersión constante, invadiendo nuevas áreas y generando impactos significativos sobre bosques nativos y sistemas productivos. Entre los daños más frecuentes se cuentan el deterioro de pastizales naturales, las pérdidas en cosechas y los conflictos con la ganadería por la competencia por el recurso forrajero.
- Impacto sobre bosques nativos y suelos por la construcción de madrigueras.
- Pérdidas económicas en actividades agropecuarias y productivas.
- Riesgos para infraestructuras, como edificios y pistas aeroportuarias.
En los últimos 20 años, la presencia de conejos fue señalada también como un factor de riesgo para la aviación en el Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Ushuaia, debido a su actividad en las inmediaciones de las pistas. Este escenario obliga a las autoridades a diseñar estrategias de control que, al mismo tiempo, respeten la legislación ambiental vigente y las nuevas miradas sobre el bienestar animal.
La resolución de Calvete se suma a otros fallos que, en los últimos años, reconocieron a ciertos animales como sujetos de derecho, y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo compatibilizar la protección de la biodiversidad, el bienestar animal y las necesidades productivas en la Argentina.
Mientras el debate jurídico y ambiental avanza, el desafío para los organismos científicos y las autoridades será encontrar métodos de manejo que resulten eficaces para mitigar los impactos de esta especie invasora, pero que a la vez contemplen los estándares éticos y legales que la Justicia comienza a consolidar en favor de los animales no humanos.
