El Gobierno impulsa beneficios fiscales para nuevas concesiones viales
NewsITe
El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de ley que busca eximir del pago de impuestos a las concesiones de rutas nacionales, en el marco del proceso de privatización y reconfiguración del esquema vial bajo jurisdicción de la Nación. La iniciativa apunta a que las empresas que inviertan en construcción, explotación, administración y mantenimiento de rutas no abonen tributos nacionales, provinciales ni municipales.
Según adelantó el ministro de Economía, Luis Caputo, la medida alcanzará inicialmente unos 6.000 kilómetros de rutas distribuidas en distintos puntos del país, que serán licitados en los próximos meses. El plan oficial prevé que, en una segunda etapa, el esquema de concesiones se extienda hasta cubrir unos 12.000 kilómetros de la red vial nacional, con contratos que incluirán obras, mantenimiento y la eventual implementación de sistemas de peaje.
Caputo presentó los lineamientos centrales del proyecto durante su participación en el evento «Vientos de Cambio», organizado por la Fundación Libertad y Progreso. Allí precisó que «todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal», aludiendo a un régimen fiscal de excepción para estimular la inversión privada en infraestructura.
Objetivos y necesidad de apoyo político
El equipo económico sostiene que la eliminación de la carga impositiva sobre los proyectos viales busca «generar más incentivo y que sea más barato todo este proceso de desarrollo y que se haga más rápido». La intención es reducir costos para el sector privado, con la expectativa de acelerar la firma de contratos, el inicio de obras y la recuperación de corredores que hoy presentan un fuerte deterioro.
Para que el beneficio incluya también impuestos provinciales y tasas municipales, el Gobierno de Javier Milei deberá conseguir el acompañamiento de gobernadores e intendentes. Caputo se mostró confiado en ese punto al señalar que «ellos coinciden en que la inversión en rutas e infraestructura es fundamental», en un contexto de reclamos crecientes por el estado de los caminos y la falta de mantenimiento.
Recorte presupuestario y contexto de la red vial
La discusión sobre las concesiones y los beneficios fiscales se da en paralelo a un pronunciado ajuste en las partidas destinadas a obra pública vial. De acuerdo con un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) se ubica en su nivel más bajo de las últimas tres décadas. Sumado al de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), el recorte real entre 2023 y 2025 ronda el 70%.
El análisis de la ACIJ advierte además que las partidas para el mantenimiento de rutas nacionales cayeron en términos reales alrededor de un 60%: de $826 mil millones en 2023 a $333 mil millones en 2025, y proyectan un nuevo descenso hacia 2026, cuando el crédito presupuestario treparía apenas a $248 mil millones. Un panorama similar se observa en los fondos para obras de construcción vial, que pasarían de $1.054 mil millones en 2023 a $265 mil millones en 2025.
- La red concesionada alcanzaría hasta 12.000 kilómetros de rutas nacionales.
- El régimen propuesto eliminaría impuestos nacionales, provinciales y municipales para nuevas inversiones.
- El presupuesto vial nacional registra la mayor caída en 30 años, según la ACIJ.
- Provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza muestran fuertes reducciones de gasto en el área.
«Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal», afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo.
En términos territoriales, la ACIJ señala que la contracción del gasto en infraestructura vial se verifica de manera generalizada en las jurisdicciones subnacionales. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el gasto devengado pasó de $468,5 mil millones en 2023 a $70,2 mil millones en 2025, con caídas de magnitud similar en distritos como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. En este marco de recursos acotados, el oficialismo apuesta a que la exención impositiva funcione como un atractivo clave para que el sector privado asuma el protagonismo en la recomposición de la red de rutas nacionales.
