Debate por Diputados: buscan cambiar la herencia de la dictadura

Una ley de la dictadura aún define cuánto vale nuestro voto

NewsITe

Más de cuatro décadas después del retorno democrático, la Argentina sigue eligiendo a sus diputados nacionales bajo una norma dictada por la última dictadura militar. Se trata de la Ley 22.847, sancionada en 1983, meses antes de la salida del régimen de facto, que fijó la base poblacional y el reparto de bancas por distrito. El eje del debate vuelve ahora al centro de la escena: el peso del voto de cada ciudadano está lejos de ser igual según la provincia donde vive.

Esa norma estableció un diputado cada 161.000 habitantes, agregó tres bancas fijas por distrito y fijó un piso mínimo de cinco legisladores por provincia. El resultado fue una sobrerrepresentación estructural de los distritos menos poblados y una subrepresentación persistente de los más grandes, especialmente la provincia de Buenos Aires, además de Córdoba, Santa Fe y Mendoza, entre otros.

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Hoy, la provincia de Buenos Aires concentra cerca del 38% de la población del país pero solo el 27% de las bancas de la Cámara (70 sobre 257). En el extremo opuesto, hay diputados que representan a menos de 40.000 habitantes, mientras otros lo hacen por más de 250.000. La distancia entre el peso real de un voto y otro se mide en cientos de miles de personas.

Una regla de 1983 para un país que ya cambió

La distorsión no solo es política, también es aritmética. El artículo 45 de la Constitución Nacional indica que la representación en Diputados debe ajustarse a la población y ordena actualizar la distribución luego de cada censo. Desde 1983 se realizaron cuatro censos nacionales (1991, 2001, 2010 y 2022), pero el Congreso nunca encaró una revisión integral del reparto de bancas.

En paralelo, las provincias cambiaron. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza registraron un crecimiento sostenido, mientras la “foto” sobre la que se diseñó la Cámara de Diputados siguió congelada en el mapa demográfico de comienzos de los años 80. Según especialistas en derecho constitucional, esto erosiona la legitimidad del cuerpo que debe representar al pueblo.

El debate, subrayan sus impulsores, no es contra ninguna provincia ni contra el federalismo. La igualdad de los distritos está asegurada en el Senado, donde cada uno tiene tres bancas, sin importar su tamaño. Diputados, en cambio, debe reflejar el peso relativo de la población: un ciudadano, un voto, un mismo valor.

Un proyecto para redistribuir, sin sumar más bancas

Frente a este escenario, se reactivó la discusión parlamentaria en torno a una iniciativa presentada en 2023 que propone actualizar la distribución sin aumentar la cantidad total de diputados. El proyecto mantiene el número de 257 bancas, pero cambia el criterio: fija un diputado cada 210.000 habitantes o fracción no menor de 105.000, con un piso de tres diputados por distrito y un techo máximo de 80 para evitar concentraciones excesivas.

La propuesta incluye una transición gradual, que se iría aplicando a medida que se renueven las bancas en cada elección. Con este esquema, Buenos Aires recuperaría parte de la representación que su población demanda, Córdoba y Santa Fe ajustarían su peso demográfico y Mendoza pasaría de diez a doce diputados, entre otras modificaciones.

  • No se crean nuevas bancas: el número total se mantiene en 257.
  • Se actualizan los parámetros demográficos según el último censo.
  • Se garantiza un mínimo de tres diputados por provincia.
  • Se fija un tope de 80 legisladores por distrito para evitar concentraciones.

“No queremos más diputados. Queremos que los 257 que ya existen representen mejor a los argentinos”, sostienen los defensores de la reforma, que insisten en que la discusión apunta a corregir una distorsión histórica y silenciosa de la democracia.

El trasfondo del debate excede la puja por bancas: se trata de asegurar que, en cada elección, el voto de un ciudadano de cualquier punto del país valga lo mismo que el de otro. Cuarenta y tres años después de recuperar las instituciones, crece el consenso entre especialistas y sectores políticos de que es hora de que la democracia termine de escribir sus propias reglas de representación.

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