Hoja de ruta para la venta de empresas públicas
NewsITe
El Gobierno nacional avanza con un ambicioso plan de privatizaciones que busca reducir de manera significativa la presencia del Estado en sectores clave de la economía. Según pudo reconstruir Noticias Argentinas, la administración de Javier Milei trabaja con la mira puesta en, al menos, cinco compañías públicas que podrían pasar a manos privadas antes del primer semestre de 2027.
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En el centro de la estrategia aparece Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), considerada la joya del proceso de desinversión estatal. La empresa, responsable del suministro de agua potable y cloacas para millones de usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires, saldrá a licitación con el 90% de su paquete accionario el próximo 15 de septiembre, en un proceso sin precio base ni valor de referencia público. Ganará el oferente que presente la propuesta económica más atractiva, aunque todas las ofertas deberán superar la valuación realizada por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).
En torno a AySA ya se mencionan posibles interesados de peso. Entre ellos, el empresario Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y socio de Daniel Vila y José Luis Manzano en Edenor, quien podría presentar su oferta asociado a la constructora Rowing, de Walter Román. Otro jugador con chances es el Grupo Roggio, operador de Aguas Cordobesas y con larga trayectoria en servicios públicos.
Belgrano Cargas, Intercargo y ENARSA, en la segunda línea
Además de AySA, el Gobierno incluyó en su mapa de privatizaciones al tren de cargas Belgrano, a la empresa de servicios aeroportuarios Intercargo y a la energética ENARSA. En el caso del Belgrano Cargas, días atrás se lanzó la licitación para la concesión de las vías de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, junto con sus inmuebles aledaños.
El pliego prevé una concesión a 50 años y exige un compromiso de inversión cercano a los US$ 1.000 millones. A cambio, el futuro operador podría acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las herramientas centrales del oficialismo para atraer capitales. El esquema incluye, además, una cláusula que restringe la participación de compañías extranjeras controladas por Estados, en línea con la posición libertaria de limitar la intervención de otros gobiernos en activos estratégicos.
Las empresas interesadas podrán presentar consultas hasta el 28 de octubre y tendrán plazo para entregar sus ofertas hasta el 11 de noviembre a las 9.59, según el cronograma oficial.
Intercargo y el futuro de ENARSA
En paralelo, Intercargo, la firma estatal que presta servicios de rampa y asistencia en tierra en aeropuertos del país, también figura entre los activos a privatizar. Desde el año pasado se viene ajustando el proceso licitatorio y, de acuerdo con fuentes oficiales, se trabaja en un segundo llamado que se concretaría antes de fin de año, aún con modalidad a definir. El objetivo es atraer operadores con experiencia internacional en handling aeroportuario.
El capítulo energético está representado por ENARSA, empresa clave en la exploración, producción, transporte y comercialización de hidrocarburos y energía eléctrica. Voceros oficialistas anticipan que durante 2026 se convocará a licitación para la operación de las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano y General San Martín, dos usinas fundamentales para el abastecimiento del sistema. Para el primer trimestre de 2027 se proyecta sumar a la Central Vuelta de Obligado al mismo esquema de apertura al capital privado.
El Gobierno también prevé avanzar con los gasoductos bajo la órbita de ENARSA, considerados activos estratégicos tanto por su rol en el transporte de gas desde las cuencas productoras como por su incidencia en la competitividad energética del país. El desenlace de este paquete de privatizaciones será determinante para el futuro mapa de servicios públicos e infraestructura en la Argentina de los próximos años.
