El Ejecutivo difiere hasta noviembre la actualización del ICL
NewsITe
El Gobierno nacional decidió postergar, una vez más, la actualización del impuesto a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono. A través del Decreto 1126/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo trasladó los efectos de la suba para noviembre, frenando así el impacto inmediato en los precios de la nafta y el gasoil en todo el país.
La medida alcanza a los incrementos remanentes correspondientes a las actualizaciones de los años calendario 2024 y 2025, así como del primer y segundo trimestre del año en curso. El diferimiento rige para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, tanto de consumo general como el que se comercializa en distintas regiones del territorio nacional.
En los considerandos del decreto, el Gobierno argumenta que la decisión se tomó “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Bajo esa premisa, se sostiene que resulta “necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”, evitando así que se trasladen de manera plena a los surtidores.
La resolución se conoce en un contexto de fuerte presión sobre los precios energéticos a nivel internacional, marcada por la escalada del conflicto en Medio Oriente, que ya impacta en el valor del petróleo. En este escenario, el Ejecutivo busca morigerar el traslado a los precios internos y contener su efecto sobre la inflación, luego de los aumentos aplicados por las principales petroleras en los últimos días.
Impacto fiscal y antecedentes de la medida
Desde septiembre del año pasado, el esquema de impuestos a los combustibles se ajusta en base a la inflación y se actualiza de manera trimestral. Sin embargo, la gestión de Javier Milei optó, desde mediados de 2024, por desdoblar y postergar en varias oportunidades esos incrementos, con el objetivo declarado de evitar un salto brusco en los valores al público.
En paralelo, el Gobierno mantuvo un monto fijo diferencial para el gasoil destinado al consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Malargüe, en Mendoza. Este régimen especial busca atenuar el costo del transporte y la actividad productiva en zonas con mayores distancias y condiciones climáticas más exigentes.
Las sucesivas postergaciones aplicadas durante 2025 tuvieron un costo fiscal significativo. De acuerdo con estimaciones de la consultora Economía y Energía, la resignación de recursos tributarios por no actualizar plenamente los impuestos a los combustibles ascendió a unos US$ 2.326 millones. Esa pérdida de recaudación reabre el debate sobre el equilibrio entre la necesidad de aliviar el bolsillo de los consumidores y la obligación del Estado de sostener sus ingresos.
Claves para entender la decisión oficial
- El nuevo diferimiento traslada para noviembre la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.
- La medida abarca naftas y gasoil, en un contexto de suba internacional del petróleo y tensiones geopolíticas en Medio Oriente.
- El Gobierno prioriza limitar el impacto en surtidores y en la inflación, aun a costa de menor recaudación tributaria.
- Las postergaciones de 2025 implicaron una resignación de ingresos estimada en US$ 2.326 millones, según Economía y Energía.
La estrategia oficial combina contención de precios de los combustibles con un sendero fiscal que el propio Gobierno define como “sostenible”, aunque con fuerte debate sobre su costo en términos de recaudación.
Con la nueva prórroga, el Ejecutivo gana tiempo en un rubro clave para la economía, dado el peso del combustible en los costos de transporte y logística y su influencia en la formación de precios. El desafío será cómo y cuándo terminar de normalizar el esquema impositivo sin generar un salto abrupto que vuelva a recargar la inflación.
