Transparencia online para el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones
NewsITe
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo portal oficial para consultar, en tiempo real, la información sobre los proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La herramienta, presentada por el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo a través de su cuenta en la red social X, permite conocer el estado de cada iniciativa y los montos de inversión comprometidos en todo el país.
Disponible en www.argentina.gob.ar/economia/rigi, la página ofrece un tablero general con los proyectos aprobados, los que ya están en ejecución y aquellos que se encuentran en proceso de evaluación. La medida apunta a reforzar la transparencia y brindar datos abiertos sobre uno de los programas centrales del oficialismo para captar capitales nacionales y extranjeros.
Según la información oficial, hasta el momento se aprobaron 22 proyectos bajo el RIGI, que totalizan inversiones por 47.073 millones de dólares y la generación estimada de 95.950 puestos de trabajo directos e indirectos. La cartera económica destaca que el régimen fue diseñado para impulsar sectores estratégicos y convertirse en un motor del empleo y de las exportaciones.
Cómo funciona el nuevo portal del RIGI
El sitio incorpora un mapa interactivo que permite seleccionar cada provincia para acceder al detalle de los proyectos radicados en su territorio: sector, etapa, monto de inversión y empleos asociados. Al posicionar el cursor y hacer clic sobre una jurisdicción, se despliega una ficha específica con la información de cada iniciativa.
En Neuquén, por ejemplo, ya hay tres proyectos aprobados, con una inversión total de 6.187 millones de dólares y 5.014 empleos generados. El esquema se replica para el resto de las provincias, lo que permite trazar una radiografía federal de la llegada de capitales.
Radiografía de las inversiones: sectores y provincias
De los 22 proyectos aprobados actualmente bajo el RIGI, 12 corresponden a minería, seis a petróleo y gas, dos a energía eléctrica y uno a infraestructura y siderurgia. Esos emprendimientos se distribuyen en distintas jurisdicciones, con fuerte presencia de las provincias mineras y petroleras.
- Catamarca: 5 proyectos aprobados; 2.844 millones de dólares y 10.697 empleos.
- San Juan: 4 proyectos; 13.510 millones de dólares y 44.639 empleos.
- Río Negro: 4 proyectos; 19.721 millones de dólares y 7.225 empleos.
- Buenos Aires: 3 proyectos; 927 millones de dólares y 4.757 empleos.
- Neuquén: 3 proyectos; 6.187 millones de dólares y 5.014 empleos.
- Salta: 3 proyectos; 4.055 millones de dólares y 6.333 empleos.
- La Pampa: 2 proyectos; 915 millones de dólares y 8.327 empleos.
- Mendoza: 2 proyectos; 1.102 millones de dólares y 6.684 empleos.
- Jujuy: 1 proyecto; 1.241 millones de dólares y 1.787 empleos.
- Santa Fe: 1 proyecto; 277 millones de dólares y 9.700 empleos.
A la par, el portal también exhibe los proyectos en evaluación: son otros 22, con una inversión potencial mucho más elevada, que asciende a 151.936 millones de dólares y 131.645 empleos directos e indirectos previstos. En este grupo lideran petróleo y gas, con 12 iniciativas, seguidas por minería (7), energía eléctrica (2) y tecnología (1).
Qué es el RIGI y qué requisitos impone a las empresas
El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones fue creado por la Ley 27.742, conocida como “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”. El esquema ofrece beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, además de estabilidad normativa, para proyectos de gran escala en sectores como energía, minería, infraestructura, tecnología, forestoindustria, turismo, siderurgia y actividades vinculadas al petróleo y al gas.
“Más información, más transparencia”, resumió Caputo al anunciar la página, al tiempo que adelantó que el cronograma de inversiones se actualizará cada tres meses.
Para adherirse al régimen, los planes de inversión deben cumplir condiciones estrictas. Entre ellas, una inversión mínima general de 200 millones de dólares, con posibilidad de montos sectoriales superiores; una inversión temprana de al menos el 40% del total en los primeros dos años; y la obligación de destinar como mínimo el 20% de la inversión a pagos a proveedores locales del proyecto.
El marco también exige un carácter de largo plazo, con parámetros financieros específicos, y fija un plazo de adhesión de dos años desde la entrada en vigencia de la ley, prorrogable por un año más. La autoridad de aplicación supervisa el cumplimiento de los compromisos y puede intervenir ante desvíos, con el objetivo de resguardar el uso de los beneficios y asegurar el impacto económico y laboral prometido.
