Un juez de Paz de Aguaray condenado por administración fraudulenta
NewsITe
El juez de Paz de Aguaray, en el norte de la provincia de Salta, fue condenado a un año de prisión en suspenso y a dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, tras admitir que retuvo dinero correspondiente a cuotas alimentarias que debían llegar a sus beneficiarias.
Se trata de Freddy Josué Chocobar, quien fue hallado responsable de los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real, por dos hechos. El proceso se resolvió mediante un juicio abreviado en el que el magistrado reconoció su responsabilidad.
La investigación fue impulsada por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Jorge Armando Cazón, luego de recibir denuncias por sumas depositadas en el Juzgado de Paz de Aguaray en concepto de cuota alimentaria que nunca fueron entregadas a sus destinatarias.
Los hechos comprobados en la causa
Durante la audiencia, Chocobar admitió que en uno de los casos una mujer se presentó a retirar 370 mil pesos que habían sido depositados como cuota alimentaria y que ese dinero nunca le fue entregado. En el segundo episodio, otra beneficiaria tampoco recibió los fondos depositados con la misma finalidad.
Ante la inmunidad constitucional que protege a los jueces de Paz, el fiscal Cazón promovió el procedimiento para lograr que Chocobar pudiera ser sometido a la jurisdicción penal. El Ministerio Público Fiscal salteño detalló que se solicitó formalmente el allanamiento de esa inmunidad para avanzar con la acusación.
Intervención de la Corte de Justicia de Salta
El requerimiento fue tratado por la Corte de Justicia de Salta, órgano que ejerce el control sobre los jueces de Paz de la provincia. Por unanimidad, los jueces hicieron lugar al pedido, dispusieron el levantamiento de la inmunidad funcional y ordenaron además la suspensión provisoria de Chocobar en el cargo.
Con la inmunidad allanada, la Fiscalía pudo continuar la investigación penal que concluyó con el acuerdo de juicio abreviado y la posterior sentencia condenatoria. La resolución constituye un mensaje institucional sobre la obligación de los funcionarios judiciales de custodiar con especial diligencia los fondos que administran.
Reparación económica y reglas de conducta
- Chocobar deberá restituir a las víctimas un total de 690 mil pesos, suma que corresponde al dinero retenido más los ajustes pactados.
- La primera cuota de devolución ya fue depositada y el condenado deberá completar los pagos restantes en los plazos fijados por la Justicia.
- Durante dos años deberá fijar residencia, informar cualquier cambio de domicilio y someterse al control del Programa de Inserción Social y Control de Presos y Liberados.
- Se le ordenó abstenerse de acercarse a menos de 300 metros de las víctimas y sus familias, así como evitar todo tipo de amenaza o ejercicio de violencia física o psíquica en su contra.
La condena a un juez de Paz por retener cuotas alimentarias sienta un antecedente relevante en Salta sobre el control penal de los funcionarios que administran fondos destinados a sectores vulnerables.
De este modo, el caso no solo cierra con una condena concreta, sino que reabre el debate sobre los mecanismos de supervisión y transparencia en los juzgados de Paz, especialmente cuando manejan recursos esenciales para la subsistencia de niñas, niños y adolescentes.
