Rusa involucrada en la causa Rudnev denuncia persecución fiscal
NewsITe
Elena Makarova, la joven rusa señalada en el expediente que se tramita en Bariloche como presunta víctima en la causa por trata de personas contra Konstantin Rudnev, salió nuevamente al cruce de la investigación judicial y apuntó de lleno contra los fiscales argentinos. “No soy víctima de nadie, salvo de los fiscales argentinos”, sostuvo en un artículo publicado en el medio internacional Bitter Winter, donde cuestiona el enfoque de la causa y denuncia maltratos durante su estadía en el país.
Según reconstruyó Noticias Argentinas, Makarova afirmó que nunca perteneció a ningún grupo vinculado a Rudnev y que jamás tuvo contacto con él. Su versión choca de manera directa con la hipótesis central de la Fiscalía de Bariloche, que sostiene que la joven habría sido traída a la Argentina para ser explotada. La rusa asegura que antes de viajar no tenía interés en temas espirituales o esotéricos y que ni siquiera había oído el nombre del imputado.
En su relato, la joven describe un contexto de vulnerabilidad previo al viaje: un embarazo sin apoyo del padre de su hijo ni de la familia de él, una separación conflictiva en octubre de 2024 y la búsqueda de un lugar seguro para dar a luz. En ese marco, explica que eligió Argentina siguiendo el camino de miles de mujeres rusas que viajan embarazadas al país, atraídas por la posibilidad de que sus hijos obtengan la ciudadanía argentina y por las perspectivas de estabilidad futura.
De acuerdo con su testimonio, el viaje se concretó cuando su madre supo que una amiga, Nadezhda Belyakova —conocida en la Argentina como Angelina—, también planeaba venir. La familia le pidió que acompañara a Elena, preocupada por los episodios de violencia que había sufrido. Ya instalada en Bariloche, la joven recuerda caminatas, tejidos de lana para el bebé y una lenta preparación emocional para el parto, atravesada por la barrera del idioma y su dependencia de una intérprete para entender a los médicos.
La documentación del padre y el inicio de la “pesadilla”
Makarova ubica el quiebre de su experiencia a mediados de marzo, cuando una enfermera del hospital comenzó a presionarla para que entregara documentación del padre del niño. La joven sostiene que había pedido expresamente que el bebé fuera inscripto con su apellido y sin revelar la identidad paterna. Más tarde, siempre según su versión, la propia enfermera admitió que ese requisito no era legalmente necesario y que lo había solicitado para “obtener información” sobre la paciente.
Frente a esa presión, su amiga Angelina habría aportado una fotocopia del pasaporte de Konstantin Rudnev, hallado entre los papeles del domicilio alquilado a otra ciudadana rusa, Ksenia Tarakanova, quien ayudaba a la esposa del imputado con trámites migratorios. Para Makarova, a partir de ese momento comenzó una verdadera pesadilla: asegura que fue sometida a una intensa presión para que se reconociera como víctima de trata, bajo la amenaza de quitarle a su hijo o incluso avanzar penalmente contra su madre en Rusia.
La joven denuncia que, lejos de protegerla, las autoridades argentinas la habrían sometido a violencia obstétrica: un intento de inducción del parto sin autorización, una cesárea que afirma no haber consentido y un trato degradante en el posoperatorio. Relata que la obligaron a amamantar frente a efectivos policiales, ducharse bajo vigilancia y lavar la ropa del bebé en una pileta sucia, mientras era interrogada de manera reiterada cuando aún sangraba y no recuperaba la sensibilidad en las piernas.
Críticas a los fiscales y denuncia por condiciones inhumanas
En su texto, Makarova describe además traslados a refugios en malas condiciones edilicias y con fuertes restricciones para comunicarse con su familia. Asegura que durante semanas se le negó el acceso a un abogado de su elección y que la Justicia insistió en que debía declarar como víctima de trata. Califica de “ridícula y ofensiva” la idea de que una mujer con un embarazo avanzado pudiera ser trasladada a Argentina con fines de explotación sexual o laboral.
La rusa apunta especialmente contra la Fiscalía de Bariloche. Afirma que “desde el primer momento” percibió que había una decisión previa de avanzar contra Rudnev “a cualquier costo”. Señala en particular a un fiscal identificado como Fernando Arrigo, a quien le atribuye un rol clave en la supuesta “fabricación” de la causa. Lo acusa de haber ordenado que se la mantuviera en condiciones inhumanas y de avalar que se la intimidara “por cualquier medio necesario”.
Según su relato, Arrigo también habría impulsado una causa penal contra su propio defensor y solicitado allanamientos y secuestro de sus pertenencias y teléfonos. Por estos motivos, Makarova dice haber presentado denuncias formales contra él y contra los demás fiscales intervinientes en el expediente. En paralelo, rechaza que su negativa a declararse víctima pueda explicarse por un “lavado de cerebro” o un “control coercitivo” de Rudnev desde la cárcel.
“Me llaman víctima en la causa argentina, pero no soy víctima de nadie, salvo de los fiscales argentinos. Exijo respeto por mi identidad y mi autonomía como mujer libre. Exijo que me dejen en paz para cuidar a mi hijo”, concluyó.
La causa que investiga presunta trata de personas en Bariloche continúa su curso en la Justicia argentina. Las fuertes acusaciones de Makarova contra los fiscales suman un nuevo capítulo a un expediente complejo, que enfrenta ahora el desafío de compatibilizar la persecución de posibles delitos con la protección efectiva de los derechos de las personas involucradas.
