La dependencia de las provincias del impuesto a los Ingresos Brutos
NewsITe
En un escenario de recaudación nacional más ajustado, las provincias argentinas profundizan su dependencia del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB), que hoy explica en promedio siete de cada diez pesos que ingresan a las arcas locales por tributos propios. Un informe reciente de la Fundación Libertad, elaborado con datos del primer trimestre de 2026, revela que este gravamen se consolidó como la principal fuente de recursos de las jurisdicciones.
Si se toma el conjunto de las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el IIBB representa el 76,2% del total de la recaudación tributaria propia. Esto significa que, en promedio, más de tres cuartas partes de lo que cobran los fiscos provinciales por impuestos sale de este único concepto, una tendencia que se viene agravando desde hace décadas.
De acuerdo con el trabajo de la entidad, el impuesto a los Ingresos Brutos genera casi US$ 25.000 millones anuales para el total de las provincias, una cifra equivalente a unas cinco veces lo ingresado el último año por Derechos de Exportación y similar a la recaudación del Impuesto a las Ganancias. Para los especialistas, esta composición impositiva ayuda a explicar buena parte del llamado “costo argentino”.
Radiografía provincial: quiénes dependen más de Ingresos Brutos
Con información de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el informe detalla que solo dos jurisdicciones recaudan menos del 70% de sus recursos propios a través de IIBB: Río Negro, con el 64,7%, y Tierra del Fuego, con el 53%. En el resto del país, el peso de este tributo supera cómodamente ese umbral.
En el extremo opuesto aparecen distritos donde la dependencia es casi total. Misiones registra que el 90,2% de su recaudación propia proviene de Ingresos Brutos, mientras que en Santa Cruz el indicador llega al 90,6%, encabezando el ranking. También se ubican entre las provincias más atadas a este impuesto Salta (89,3%), Catamarca (88,7%), Formosa (88,3%) y Neuquén (88,2%).
El economista Joaquín Aranguiz, de la Fundación Libertad, advierte que se trata de “un tributo distorsivo por su efecto cascada”, ya que se va acumulando en cada etapa de la producción y la comercialización, y termina encareciendo bienes y servicios. Según explica, se trata además de un esquema “altamente injusto”, porque castiga de manera indirecta a las empresas y personas que deben financiarse mediante endeudamiento para sostener su actividad.
Cuatro décadas de crecimiento y más gasto público
El estudio también reconstruye la trayectoria de Ingresos Brutos en las últimas cuatro décadas. Hace 42 años, este impuesto representaba el 52% de lo recaudado por las provincias. A comienzos de los años 2000, el peso del tributo comenzó a escalar: en 2003 ya equivalía al 62% de la recaudación propia y, cuatro años más tarde, en 2007, su participación trepaba al 70%.
Desde entonces, la curva siguió en alza casi de manera ininterrumpida hasta alcanzar un pico de 83,5% en 2023. Recién en los últimos dos años se observa una leve baja en el promedio nacional, que los analistas vinculan a la recuperación de otros recursos en provincias con desarrollos dinámicos en sectores como energía y minería, lo que les permitió diversificar parcialmente sus fuentes de ingreso.
En paralelo, el gasto público provincial también creció con fuerza. De acuerdo con la Fundación Libertad, pasó de representar alrededor del 8% del Producto Interno Bruto a comienzos de la serie, al 12% en 2003 y al 16% en 2023. El avance simultáneo de la presión tributaria y del gasto plantea un escenario complejo para las administraciones locales.
“El desafío de ordenar el sistema impositivo y la presión tributaria está más presente que nunca y la tarea solo puede recaer en los gobernadores”, concluyó Aranguiz, al advertir sobre la necesidad de encarar reformas que reduzcan la dependencia de Ingresos Brutos sin desfinanciar a las provincias.
En este contexto, la discusión sobre cómo equilibrar las cuentas públicas y, al mismo tiempo, aliviar la carga sobre la actividad privada aparece como uno de los debates centrales de la agenda económica provincial y nacional.
