Un raid de engaños que se extendió por más de una década en al menos seis estados brasileños llegó a su fin en Santa Catarina. Detrás de una fachada de fragilidad e historias de abusos, el caso culminó esta semana con una condena judicial que combinó la estafa patrimonial con el impacto psicológico ocasionado a sus víctimas.
Durante 14 meses, una familia en Joinville, al norte del estado de Santa Catarina, vivió convencida de haberle abierto las puertas de su hogar a “Gabriele”, una niña de 12 años con condición del espectro autista que afirmaba haber escapado de situaciones extremas de violencia. En la vivienda acondicionaron una habitación infantil, le organizaron festejos de cumpleaños y adaptaron la rutina familiar a los cuidados que demandaba una menor de edad (uso de biberones, chupones y mantas de apego). Sin embargo, en junio de 2026, la intervención de un pariente desconfiado y la actuación de la Policía Civil desvelaron una realidad insólita: “Gabriele” era en verdad Amanda Maria Souza de Oliveira, una mujer de, en ese momento, 37 años.
Las investigaciones posteriores revelaron que el episodio de Santa Catarina no fue un hecho aislado, sino la continuidad de un patrón delictivo sostenido por al menos 13 años. Bajo identidades ficticias como “Duda”, “Melissa”, “Beatriz” o “Emily”, Amanda recorrió estados como Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro y el Distrito Federal. En 2023, su paso por Río de Janeiro ya había encendido alarmas cuando engañó a la directora de un proyecto social, Viviane Henriques, y a su entorno. En cada ciudad replicaba la misma estructura: afirmaba ser una menor huérfana, se autolesionaba —la policía halló agujas insertadas en sus tejidos corporales para simular heridas de tortura— y creaba perfiles falsos en redes sociales para validar sus historias ante los cuidadores.
La condena judicial
El pasado 20 de agosto de 2026, el Tribunal de Justicia de Santa Catarina (TJSC) emitió la sentencia firme del caso en Joinville. El magistrado condenó a Amanda Maria Souza de Oliveira por los delitos de estafa (estelionato) y falsa identidad. Finalmente, la mujer nació el 2 de junio de 1988, por lo que tiene 38 años (cumplidos en junio de 2026).
Durante el avance de las investigaciones y los reportajes iniciales se mencionaron edades como 34, 36 o 37 debido a las distintas identidades y fechas de nacimiento falsas que ella utilizaba en cada estado, pero la pericia documental y la investigación de la Policía Civil confirmaron su año de nacimiento en 1988.
La pena fijada fue de 1 año, 6 meses y 10 días de reclusión, más 4 meses y 18 días de detención en régimen inicial semiabierto. A pesar de los argumentos de la Defensa Pública, que solicitaba la absolución e inimputabilidad alegando trastornos psiquiátricos, la sentencia concluyó que existió plena conciencia, premeditación y dolo en sus actos. El tribunal enfatizó que el engaño no solo le permitió obtener un beneficio patrimonial —al lograr que la familia cubriera íntegramente sus gastos de vivienda, alimentación y medicamentos durante más de un año—, sino que causó un severo daño emocional y familiar debido a los vínculos afectivos manipulados. Se le negó el derecho a recurrir la condena en libertad, por lo que continuará bajo prisión preventiva.
