El Ministerio de Seguridad Nacional impulsó un sistema para detectar y bloquear celulares utilizados desde establecimientos penitenciarios. En Buenos Aires, el bloque HECHOS ya había presentado un proyecto para prohibir estos dispositivos en las cárceles e instalar inhibidores.
El Ministerio de Seguridad Nacional creó el Programa para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios, una iniciativa destinada a identificar y bloquear los teléfonos celulares utilizados dentro de las cárceles para organizar y coordinar actividades delictivas. El mecanismo alcanza a las unidades penitenciarias federales y podrá extenderse a las provincias que adhieran mediante convenios específicos con Nación. En territorio bonaerense, el bloque HECHOS ya había intentado abordar la problemática en la Legislatura mediante un proyecto para prohibir los celulares en las cárceles e instalar sistemas de bloqueo.
La creación del programa apunta a impedir que personas detenidas mantengan comunicaciones desde los establecimientos penitenciarios para planificar delitos o sostener vínculos con organizaciones criminales. La iniciativa plantea identificar los equipos y las líneas utilizadas dentro de las unidades carcelarias para bloquearlos y evitar que continúen funcionando a través de las redes de telefonía móvil. Su implementación comprende a establecimientos federales y contempla la incorporación de cárceles provinciales, aunque en este último caso dependerá de la decisión de cada jurisdicción.
El sistema funciona a partir de dos identificadores vinculados con el uso de teléfonos celulares: el IMEI, que permite reconocer un equipo específico, y el IMSI, que identifica al usuario dentro de la red de telefonía móvil. El bloqueo de ambos apunta a impedir que determinados dispositivos y líneas puedan establecer comunicaciones. De esa manera, la medida busca interrumpir el funcionamiento de celulares detectados dentro de las cárceles y limitar su utilización para coordinar maniobras delictivas.
La iniciativa toma como antecedente la Resolución N.º 336/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, que autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar y poner en funcionamiento dispositivos destinados a detectar y bloquear equipos y líneas en establecimientos bajo su órbita. De acuerdo con los fundamentos del nuevo programa, ese mecanismo permitió avanzar en la prevención y neutralización de las comunicaciones que organizaciones criminales mantenían desde cárceles federales. Ahora, Nación busca extender esa herramienta a otras jurisdicciones para ampliar el control sobre los teléfonos utilizados dentro de las unidades penitenciarias.
Para incorporarse, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán firmar un convenio específico con el Ministerio de Seguridad Nacional. La adhesión será voluntaria, por lo que el programa no se aplicará automáticamente en las cárceles bonaerenses ni en los establecimientos penitenciarios de otras provincias. En el caso de Buenos Aires, su eventual incorporación dependerá de que las autoridades provinciales acuerden con Nación la implementación del sistema.
El proyecto de HECHOS para prohibir los celulares en las cárceles bonaerenses
En la provincia de Buenos Aires, el uso de teléfonos celulares dentro de las cárceles ya había motivado la presentación de un proyecto por parte del bloque de HECHOS, integrado por Manuel Passaglia, en las cámaras de Diputados y Senadores. La iniciativa propone prohibir el ingreso, la tenencia y la utilización de celulares y otros dispositivos con conectividad individual en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. También plantea incorporar herramientas tecnológicas destinadas a detectar, bloquear o inhibir las señales móviles dentro de los establecimientos.
En los fundamentos de la propuesta, los legisladores señalaron que la autorización para utilizar celulares en las cárceles surgió como una medida excepcional durante la pandemia de COVID-19, cuando se suspendieron las visitas, pero se mantuvo después de que terminó esa situación. “La iniciativa busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, luego de que una medida excepcional adoptada durante la pandemia de COVID-19 —que habilitó el uso de celulares ante la suspensión de visitas— se haya extendido en el tiempo sin respaldo legal ni evaluación de su impacto”, expresaron desde el espacio passaglista. El proyecto también propone derogar las disposiciones que permitieron el uso de esos dispositivos y considerar falta grave el incumplimiento de la prohibición.
La propuesta de HECHOS mantiene el derecho de las personas detenidas a comunicarse, aunque establece que deberán hacerlo mediante canales oficiales, controlados y registrados por las autoridades penitenciarias. Entre las alternativas contempla líneas institucionales y sistemas supervisados, con el objetivo de impedir comunicaciones sin control dentro de las cárceles. La problemática también tiene un antecedente en San Nicolás: la investigación por la desaparición de Juan Carlos Woldryk determinó que recibió amenazas y extorsiones desde la Unidad Penal N.º 3 antes de desaparecer.
