El Gobierno privatiza 8 tramos clave de rutas por 20 años

Caputo adjudicó ocho corredores viales nacionales a privados

NewsITe

El Gobierno nacional oficializó la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas por un período de 20 años, en el marco del proceso de privatización de la estatal Corredores Viales. La medida quedó plasmada en la Resolución 1379/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el titular de la cartera, Luis Caputo.

Se trata de una nueva etapa de la llamada “Red Federal de Concesiones – Etapa III”, que apunta a trasladar al sector privado la construcción, explotación, administración y mantenimiento de rutas de jurisdicción nacional bajo el régimen de peaje. En esta licitación, los corredores adjudicados superan los 3.900 kilómetros y, sumados a los ya otorgados, completan más de 9.000 kilómetros de la red vial nacional bajo concesión.

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Las rutas incluidas en esta fase atraviesan provincias clave para el movimiento productivo y turístico del país: Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco. El oficialismo sostiene que la iniciativa busca mejorar el estado de la infraestructura y reducir las quejas por calzadas deterioradas y peligrosas.

Quiénes ganaron los principales corredores y cuánto costará el peaje

La Comisión Evaluadora definió los consorcios ganadores de cada corredor y las tarifas de referencia para los peajes. Entre los adjudicatarios se destacan grandes constructoras y un entramado de UTEs distribuidas por región, con valores diferenciados según el tramo.

  • Tramo Centro: adjudicado a Afema S.A. – Pablo Federico e Hijos S.A. – Guido Mogetta S.A., con una tarifa de $1.399.
  • Tramo Centro Norte: quedó en manos de José Cartellone Construcciones Civiles S.A., con una oferta de $2.175.
  • Tramo Mesopotámico: otorgado a IEB Construcciones S.A. – Trading MRG S.A.U., con un peaje de $3.564,99.
  • Tramo Noroeste: concedido al consorcio Autovía Construcciones y Servicios S.A. – Vapeu S.R.L. – Guigivan S.R.L., por $2.285.
  • Tramo Litoral: adjudicado a JCR S.A. – Néstor Julio Guerechet S.A., con una tarifa de $2.876,04.
  • Tramo Noreste: asignado a Carlos e Enriquez S.A. – Hormi S.A., por $2.950.
  • Tramo Chaco-Santa Fe: para José Eleuterio Pitón S.A. – Rovial S.A. – Obring S.A., con un peaje de $3.520.
  • Tramo Cuyo: adjudicado a Laugero Construcciones S.A. – Green S.A. – Corporación del Sur S.A., con una tarifa de $3.090,2462.

En paralelo, la Comisión declaró inadmisible la propuesta presentada por el consorcio Lemiro Pablo Pietroboni S.A. – Merco Vial S.A. – Frontera S.A. para los tramos Centro Norte y Noroeste. También quedaron fuera de carrera ofertas de peso, entre ellas la de CPC S.A., que había intentado quedarse con la totalidad de los ocho corredores.

La privatización de Corredores Viales se apoya en la Ley Bases, que incorporó a la empresa al listado de firmas estatales “sujetas a privatización”. Luego, el Decreto 97/2025 habilitó el mecanismo para avanzar hacia su privatización total mediante concesión de obra pública, profundizando el esquema de participación privada en la red vial.

Los pliegos licitatorios incluyeron un régimen de incompatibilidades que restringe la cantidad de tramos que un mismo oferente puede adjudicarse de manera individual, con el objetivo de evitar una excesiva concentración y garantizar mayor competencia entre empresas.

El Gobierno argumenta que, con esta modalidad de concesión, se busca no solo asegurar el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también posibilitar obras de ampliación y la explotación de servicios complementarios en las estaciones de peaje y zonas de servicio.

El esquema de peajes y obras a cargo de privados se presenta como respuesta a años de reclamos por rutas deterioradas y sin mantenimiento, pero también abre el debate sobre el impacto en el costo del transporte y en los usuarios frecuentes. La implementación efectiva de los contratos y el control estatal sobre la calidad de las obras serán claves para determinar si el nuevo modelo logra mejorar la seguridad vial y la competitividad logística en el mediano plazo.

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