Bisio amplía su testimonio en la causa por fentanilo contaminado
La extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio, volverá a presentarse este lunes ante la Justicia federal para ampliar su declaración indagatoria en la causa que investiga la producción y distribución de fentanilo adulterado por parte de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., un escándalo sanitario que se vincula con casi 100 muertes en distintos puntos del país.
Bisio ya había comparecido ante el juez federal Ernesto Kreplak, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N.° 3 de La Plata. En aquella oportunidad presentó un escrito y se negó a responder preguntas, una estrategia defensiva frecuente en causas de alta complejidad y fuerte repercusión pública.
La ex funcionaria recuperó la libertad luego de que se fijara una caución de 75 millones de pesos, tanto para ella como para Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Bisio fue detenida en la localidad bonaerense de Olivos, partido de Vicente López, mientras que Mantecón Fumado se presentó de manera espontánea junto a su abogado en una dependencia policial.
Un entramado empresarial y fallas de control bajo la lupa
La investigación judicial apunta al rol de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., vinculados al empresario Ariel García Furfaro, señalado como cercano al kirchnerismo y propietario de ambas firmas. El 20 de agosto se cumplió un año del derrumbe del denominado clan García Furfaro, con la detención del empresario, su madre y otros integrantes del entramado societario.
El juez Kreplak avanzó en la causa a partir de un dictamen de los fiscales federales, que calificaron el caso como un ejemplo de “criminalidad compleja”, al considerar que detrás del fentanilo adulterado habría un “conglomerado empresarial organizado” con capacidad para operar de manera sostenida y con fallas graves en los controles estatales.
Las pericias realizadas sobre los lotes 31.202 y 31.244 del opioide, distribuidos en hospitales de distintas provincias, confirmaron la presencia de las bacterias multirresistentes Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii. Esas contaminaciones habrían sido determinantes en el cuadro infeccioso que se observó en numerosos pacientes, muchos de los cuales fallecieron tras recibir el medicamento.
Fallas de fiscalización y el impacto sanitario
En el expediente también se analizan las inspecciones previas realizadas por la ANMAT y el INAME. De acuerdo con la investigación, se habrían detectado fallas críticas en los procesos productivos de los laboratorios, pero esas observaciones no habrían sido debidamente corregidas ni seguidas por el organismo de control, lo que permitió que las plantas continuaran funcionando con normalidad.
El punto de inflexión se ubica el 18 de diciembre de 2024, fecha en la que se elaboraron los lotes de fentanilo que luego se comprobaron contaminados. A partir de enero de 2025, esas partidas comenzaron a ser distribuidas a nivel nacional, lo que amplificó el alcance del daño potencial y obligó a los sistemas de salud a revisar protocolos y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo.
Mientras la causa avanza, el empresario García Furfaro permanece alojado en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, donde, según fuentes penitenciarias, mantiene una rutina que combina actividad física, lectura y una vida carcelaria relativamente ordenada, abastecido con mercadería propia. Su situación procesal, al igual que la de las ex funcionarias, dependerá de cómo se evalúen las responsabilidades en la cadena de producción y control que permitió que un opioide crítico llegara adulterado a los hospitales públicos.
La causa por fentanilo contaminado se perfila como uno de los expedientes sanitarios y judiciales más sensibles de los últimos años en la Argentina, por la magnitud del daño y las presuntas fallas de control estatal.
Con la nueva declaración de Bisio, la Justicia buscará precisar qué información manejaban las autoridades regulatorias, qué advertencias se emitieron internamente y por qué no se frenó a tiempo la circulación de los lotes cuestionados, clave para determinar eventuales responsabilidades penales y administrativas.
