Gray judicializa la licitación de AySA y advierte por el impacto en los bonaerenses

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El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó una acción de amparo ante la Justicia para frenar el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), cuya licitación por el 90% del paquete accionario tiene fecha de cierre para el 27 de agosto. La presentación busca revisar las condiciones del pliego y el posible impacto que tendría el traspaso de la empresa a manos privadas sobre el acceso al agua potable y a los desagües cloacales.
Según consta en la demanda y en documentación a la que accedió la prensa, Gray cuestiona el plan de inversiones previsto en la Resolución N.° 704/2026, que convoca a la Licitación Pública. A su entender, las metas de expansión de las redes para los próximos diez años son insuficientes para cubrir las necesidades actuales del área metropolitana y de municipios en crecimiento como Esteban Echeverría.
El jefe comunal advierte que, de acuerdo con el pliego, la futura concesionaria podría no realizar obras estructurales durante la primera década de gestión. Ese esquema dejaría para etapas posteriores las principales obras de infraestructura requeridas para acompañar el crecimiento poblacional, el desarrollo urbano y la mejora de las condiciones sanitarias en la región metropolitana de Buenos Aires.
Preocupación por las tarifas, los cortes y la falta de obras
Otro de los puntos objetados es el régimen de cortes de servicio. El artículo 8.9 del pliego establece que la empresa podrá interrumpir la provisión de agua por falta de pago cuando la mora supere los 60 días corridos en usuarios residenciales y 15 días en usuarios no residenciales, contados desde el segundo vencimiento de la factura. Para Gray, esta facultad, en manos de un operador privado y sin un plan robusto de inversión, podría agravar la vulnerabilidad de amplios sectores de la población.
“Me preocupa sobremanera que, privatizada la empresa, no se hagan las inversiones necesarias para alcanzar la totalidad del área de cobertura, teniendo en cuenta que las inversiones más importantes siempre las realizó el Estado Nacional”, sostuvo el intendente en su presentación judicial, al remarcar la histórica centralidad del sector público en la ampliación del servicio.
Pedido a la provincia y defensa del rol del Estado
En paralelo al amparo, Gray reiteró su reclamo al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para que la Provincia participe como oferente en la licitación a través de Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA). El intendente considera que la presencia de una empresa estatal provincial en la compulsa podría garantizar que el servicio siga orientado por criterios de interés público y no exclusivamente comerciales.
“Dada la entidad que tiene la privatización de AySA y el impacto sobre la vida y la salud de millones de bonaerenses, es que solicito que el Estado provincial se presente a dicha licitación como oferente a través de la empresa ABSA”, expresó Gray, al insistir en que el agua y el saneamiento son servicios esenciales ligados a derechos básicos.
- Cuestionamientos al plan de inversiones y a la falta de obras estructurales en los primeros diez años.
- Preocupación por los posibles cortes de servicio ante la mora en el pago de las facturas.
- Reclamo para que la Provincia de Buenos Aires participe en la licitación mediante ABSA.
- Defensa del acceso universal al agua potable y a los desagües cloacales como política de Estado.
“Garantizar el acceso universal es uno de los principios que históricamente orientaron la política pública de agua potable y saneamiento en nuestro país”, remarcó Gray, al subrayar la necesidad de sostener una fuerte presencia estatal en el sector.
El debate sobre el futuro de AySA se inserta en una discusión más amplia acerca del rol del Estado en la provisión de servicios públicos esenciales y el alcance de las privatizaciones. Mientras la Justicia analiza el amparo presentado por Gray, municipios del conurbano, organizaciones sociales y especialistas en políticas sanitarias siguen de cerca un proceso que podría redefinir el mapa del agua y el saneamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

