Jaldo frenó el sistema para controlar el cumplimiento de leyes
NewsITe
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, vetó en forma total la ley que creaba un Sistema de Monitoreo Post Legislativo destinado a medir el grado de cumplimiento y el impacto de las normas provinciales. La decisión, formalizada mediante el Decreto 1.939/14 e ingresada a la Legislatura el 20 de agosto, dejó sin efecto una herramienta de control que había sido aprobada por unanimidad por todos los bloques.
La iniciativa había sido presentada bajo el expediente 83-PL-26 por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse, junto con representantes de otros espacios políticos. El proyecto proponía evaluar la implementación, eficacia, eficiencia e impacto de las leyes sancionadas, así como sus resultados concretos en la realidad social tucumana. Para eso, facultaba a la Legislatura a solicitar informes periódicos a los organismos encargados de ejecutar las normas.
Uno de los puntos centrales era la creación de un Laboratorio de Medición de Impacto conformado por tres legisladores, con capacidad para producir informes técnicos sobre la aplicación de las leyes. Ese esquema fue el principal foco de objeción del Poder Ejecutivo, que consideró que la estructura diseñada excedía el control político propio del ámbito legislativo e invadía facultades de administración y ejecución reservadas al gobernador.
Los argumentos constitucionales del veto
En los fundamentos del decreto, la Casa de Gobierno citó los artículos 3 y 101, inciso 3, de la Constitución de Tucumán. El primero prohíbe que un poder del Estado ejerza atribuciones asignadas a otro, mientras que el segundo establece que corresponde al gobernador dictar las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes. En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que el sistema proyectado podía transformarse en una interferencia sobre la gestión cotidiana de los ministerios y organismos provinciales.
El decreto reconoció expresamente la legitimidad del control parlamentario sobre la actividad del Ejecutivo, pero sostuvo que la modalidad elegida –con informes sistemáticos, tareas técnicas y un laboratorio permanente– superaba los límites de esa función. En paralelo, el texto no ofreció un mecanismo alternativo de evaluación del cumplimiento de las normas, por lo que el monitoreo seguirá dependiendo de pedidos de informes puntuales, comisiones y otros instrumentos ya existentes.
Impacto político y debate pendiente en la Legislatura
El veto generó ruido político dentro del propio oficialismo. La ley había sido sancionada el 30 de julio sin votos en contra, con el respaldo de todos los bloques, incluidos legisladores alineados con Jaldo. Vargas Aignasse, autora del proyecto y presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales, pertenece al peronismo gobernante, por lo que la medida del Ejecutivo supuso un choque interno en la coalición oficialista.
- La norma de monitoreo fue aprobada por unanimidad en la Legislatura.
- El Ejecutivo alegó invasión de facultades y citó artículos de la Constitución provincial.
- No se propuso, por ahora, un sistema alternativo para medir el cumplimiento de las leyes.
- La oposición anticipó que intentará insistir con la sanción original.
Durante el debate legislativo, los impulsores del proyecto habían señalado que muchas leyes quedan sin reglamentación o sin resultados medibles, y mencionaron casos vinculados a políticas sobre adicciones, dislexia y juego responsable. El sistema vetado buscaba cerrar esa brecha entre la sanción formal de una norma y su aplicación efectiva, sin reemplazar a los organismos ejecutores, sino monitoreando su actuación.
El expediente que dio origen a la ley, aprobado sin votos en contra, terminó cristalizando un conflicto entre Jaldo y una Legislatura que se había expresado de manera unánime a favor del monitoreo permanente del cumplimiento de las normas.
Por ahora, la Cámara no adoptó una nueva resolución frente al veto ni hay un pronunciamiento judicial que dirima si el sistema proyectado era o no inconstitucional. El resultado concreto es que el mecanismo de evaluación no entró en vigencia y el seguimiento del cumplimiento de las leyes en Tucumán seguirá dependiendo de herramientas tradicionales de control político.
