Denuncian el acuerdo tecnológico entre CALF y Huawei ante la Justicia federal
NewsITe
El acuerdo firmado entre la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén (CALF) y la compañía china Huawei quedó bajo la lupa judicial. Una denuncia presentada en los tribunales federales de Comodoro Py reclama que se investigue si la “alianza estratégica” podría implicar riesgos para la seguridad nacional y para infraestructura considerada crítica, en particular la vinculada con el desarrollo de Vaca Muerta.
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La presentación fue realizada por el abogado Sergio Luis Macagno y recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N°11, a cargo del juez Ariel Lijo. Según el escrito, al que accedió Noticias Argentinas, se solicita determinar si las decisiones adoptadas por CALF y los organismos públicos que intervinieron generaron, o pudieron generar, un peligro relevante para la soberanía tecnológica, la seguridad energética y los intereses económicos vitales de la Argentina.
El denunciante advierte una “progresiva inserción” de Huawei en distintos proyectos de la cooperativa neuquina, que a su entender habrían excedido una contratación comercial habitual. El vínculo comenzó asociado al despliegue de CALFIBRA, servicio de internet y fibra óptica para usuarios de Neuquén, pero luego se habría expandido a áreas como telecomunicaciones, videoseguridad, almacenamiento y procesamiento de datos y servicios tecnológicos vinculados con activos estratégicos de la provincia.
En esa línea, se plantea la necesidad de que la Justicia determine si, a través de ese entramado tecnológico, podría configurarse una situación de exposición, vulnerabilidad o acceso indebido a infraestructura crítica, comunicaciones sensibles, bases de datos o procesos de decisión relacionados con Vaca Muerta y otros sectores clave. El planteo se inscribe en un contexto internacional de fuerte tensión entre Estados Unidos y China por el despliegue de equipamiento de Huawei en redes y sistemas de comunicación.
La denuncia toma como antecedente el reciente cruce diplomático que tuvo como eje el acuerdo CALF-Huawei. Directivos de la cooperativa denunciaron ante el Congreso que habrían recibido advertencias desde la Embajada de Estados Unidos, incluyendo la posible revocación de visas, a raíz del acercamiento con el gigante tecnológico chino. Esa situación motivó un debate político sobre los límites y controles que deberían regir en convenios de este tipo, especialmente cuando involucran infraestructura energética o de comunicaciones.
El acuerdo, anunciado en octubre de 2024, fue presentado públicamente como una “alianza estratégica” para modernizar servicios y ampliar la conectividad en Neuquén. No obstante, la denuncia judicial sostiene que el alcance real del entendimiento y la participación de Huawei en videoseguridad, centros de datos y otros sistemas ameritan un análisis más profundo desde la óptica de la seguridad nacional, más allá de eventuales controversias comerciales o diplomáticas.
Lo que deberá definir ahora la Justicia federal
A partir de la denuncia, el juez Ariel Lijo deberá evaluar si corresponde impulsar medidas de prueba, requerir información técnica sobre los proyectos y, eventualmente, citar a declarar a autoridades de CALF, funcionarios públicos y especialistas en ciberseguridad e infraestructura crítica. También podría solicitarse documentación sobre la arquitectura de los sistemas, el nivel de acceso de proveedores externos y las garantías de protección de datos sensibles.
- Analizar la posible afectación de la seguridad nacional y la soberanía tecnológica.
- Revisar la intervención de organismos públicos en la aprobación del acuerdo.
- Determinar el grado de acceso de Huawei a redes y datos estratégicos en Neuquén.
- Evaluar el impacto potencial sobre Vaca Muerta y la infraestructura energética.
“Los hechos no pueden ser reducidos a una controversia comercial ni diplomática”, señala la presentación, que pide investigar si el acuerdo pudo generar “vulnerabilidad, condicionamiento o acceso indebido” a infraestructura crítica y comunicaciones estratégicas.
La causa se suma al creciente debate global sobre el rol de grandes proveedores tecnológicos en sectores clave de los Estados y la necesidad de establecer marcos regulatorios y de control que resguarden tanto el desarrollo económico como la seguridad nacional.
