Bullrich cuestionó la condena a periodistas en Formosa y marcó distancia de Milei
NewsITe
La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se desmarcó públicamente del presidente Javier Milei al repudiar la condena impuesta a cuatro periodistas que realizaron entrevistas y registros audiovisuales en una comunidad originaria de Formosa. La dirigente sostuvo que “la libertad de prensa se respeta” y apuntó directamente contra el gobernador Gildo Insfrán por las restricciones al trabajo periodístico en la provincia.
“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. Para sorpresa de nadie y crítica de pocos, Insfrán cree que la provincia y los formoseños le pertenecen. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, expresó Bullrich en su cuenta de X, en un mensaje que marcó un contraste con la postura del Poder Ejecutivo nacional.
La dirigente se refirió al fallo del Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, que condenó a la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán a cinco días de arresto, pena que puede ser reemplazada por una multa de 282.550 pesos para cada uno. El caso se convirtió en un nuevo foco de debate sobre los límites a la labor periodística y el alcance de las normas provinciales.
El respaldo de Milei al fallo y la polémica con la prensa
Lejos de cuestionar la decisión judicial, Milei celebró ayer la sentencia y lanzó duras descalificaciones contra los profesionales involucrados y contra el periodismo en general, a quienes calificó de “basuras inmundas con micrófono”. En su publicación, el Presidente acusó a los periodistas de trabajar para “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”, y cerró su mensaje con un contundente “CIAO!”.
La resolución judicial, identificada como sentencia N° 351/2026 y firmada por el juez Omar Padilla, consideró que los integrantes del equipo periodístico infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa. El magistrado entendió que los comunicadores desarrollaron una actividad sin contar con la autorización previa requerida ni con un carnet habilitante para ejercer el periodismo en la provincia.
Cómo fue la cobertura en la comunidad originaria y el rol de las entidades
El episodio se remonta a septiembre de 2025, cuando el equipo del proyecto “Hambre de Futuro”, del diario La Nación, viajó a la comunidad originaria San José, en la zona de Las Lomitas, para registrar las condiciones de vida de sus habitantes y realizar entrevistas. Durante la cobertura, los periodistas fueron interceptados por efectivos policiales y trasladados a una dependencia, donde permanecieron cerca de dos horas mientras se los notificaba de una denuncia en su contra.
- La denuncia habría sido presentada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien luego aseguró que desconocía el contenido del documento que había firmado.
- El caso derivó en un proceso que culminó con la condena por supuesta infracción al Código de Faltas local.
La decisión judicial despertó un fuerte rechazo de entidades periodísticas nacionales. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) remarcó que en Argentina no se exige licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, y advirtió que el fallo vulnera principios básicos de libertad de expresión. En la misma línea, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) alertó sobre la “criminalización de la labor informativa” y reclamó la revisión de la sentencia.
“La libertad de prensa se respeta. Y a los feudalismos dictatoriales les queda poco”, afirmó Patricia Bullrich, al marcar su postura sobre lo ocurrido en Formosa.
El caso agrega tensión al vínculo entre el Gobierno nacional y el sector de medios, al tiempo que reaviva el debate sobre el uso de figuras contravencionales para restringir la tarea de la prensa en distintos puntos del país. Organizaciones de periodistas y referentes políticos anticipan que la discusión podría escalar a instancias superiores de la Justicia, en busca de un precedente que refuerce las garantías para el trabajo informativo.
