El intendente, bajo presión por una pericia que habló de riesgo de vida
NewsITe
El intendente de Hurlingham, Damián Selci, quedó en el centro de la escena política local tras un pedido formal de interpelación presentado en el Concejo Deliberante, luego de que una pericia técnica incorporada a un expediente judicial advirtiera un riesgo cierto e inminente para la vida y la integridad física de vecinos del barrio Nuevo Mitre, en la localidad de Villa Tesei.
De acuerdo con el informe elaborado por el ingeniero civil Daniel Héctor Baena, se detectaron hundimientos progresivos del terreno, fisuras estructurales, desplazamientos, fallas de fundación y deterioro de construcciones en al menos una de las viviendas del complejo. Ese dictamen fue tenido en cuenta por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Morón, que el 7 de agosto dictó una medida cautelar.
La resolución judicial ordenó a la Municipalidad de Hurlingham y al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires brindar, en un plazo máximo de 30 días desde la notificación, una solución habitacional urgente que garantice condiciones de habitabilidad, dignidad y seguridad para la familia demandante. La medida no implica una declaración general de inhabitabilidad sobre las 294 viviendas del barrio, pero sí reconoce un caso concreto de peligro grave.
El barrio Nuevo Mitre fue inaugurado en 2008 como parte del Plan Federal de Viviendas, cuando Selci aún no estaba al frente del municipio. El expediente no le asigna responsabilidad en la construcción original ni en las fallas de origen. Sin embargo, su actual obligación política y administrativa surge del hecho de que la Justicia ordenó a la comuna que encabeza intervenir ante un riesgo técnico ya reconocido judicialmente.
El pedido de interpelación y las exigencias a la gestión municipal
El proyecto de interpelación fue firmado por los concejales Alicia Elisei, Julio Medina y Rafael De Francesco, del bloque Alianza La Libertad Avanza. La iniciativa reclama que el intendente, o el funcionario que designe en su representación, explique ante el cuerpo deliberativo desde cuándo el Municipio tenía conocimiento del deterioro, qué acciones adoptó, cuántas viviendas fueron inspeccionadas y qué esquema de asistencia o relocalización se previó para otras familias que pudieran atravesar situaciones similares.
Según la banca opositora, el problema excede el caso puntual que motivó la cautelar y podría alcanzar a cerca de 50 viviendas con deficiencias estructurales o afectadas por el descenso del suelo. Ese número, sin embargo, forma parte de la denuncia política y no fue incorporado por la Justicia como universo alcanzado por la medida de emergencia. Lo que sí quedó acreditado en sede judicial es que una familia obtuvo una orden de relocalización urgente por el peligro para su integridad física.
Desde la oposición también recordaron que, durante 2026, presentaron 181 pedidos de informes vinculados a problemáticas cotidianas —basurales, presencia de roedores, baches, postes en riesgo de caída, provisión de medicamentos y protección de menores, entre otros reclamos vecinales— y sostuvieron que ninguno de ellos recibió respuesta formal por parte del Ejecutivo local. Ese señalamiento todavía requiere ser contrastado con los registros internos del Concejo y del Municipio.
Impacto institucional y próximos pasos en el Concejo
Por el momento, el pedido de interpelación debe atravesar el debate en comisiones y el tratamiento en el recinto del Concejo Deliberante de Hurlingham. La solicitud en sí misma no implica una sanción contra el intendente, pero sí supone un llamado a dar explicaciones públicas frente a una combinación de factores sensibles: un informe pericial que describe fallas estructurales, una orden judicial de solución habitacional urgente y un reclamo político que lo señala directamente.
Hasta ahora, no se conocieron decisiones de la Justicia penal que atribuyan delitos a funcionarios municipales en relación con este caso. La causa se tramita en el fuero contencioso administrativo, donde el eje está puesto en la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad para los vecinos que residen en viviendas financiadas con fondos públicos.
La medida cautelar dictada por el juzgado de Morón permanece vigente y el plazo dispuesto por la Justicia se computa desde la notificación a los organismos involucrados. El mandato alcanza de manera conjunta al Municipio de Hurlingham y al Instituto de la Vivienda bonaerense, mientras el proyecto de interpelación a Selci continúa formalmente ingresado en el Concejo y a la espera de definición política sobre su tratamiento.
