Excarcelan a militares señalados en un complot contra Nicolás Maduro
NewsITe
Tres militares venezolanos acusados de “traición a la patria” y vinculados a un presunto plan para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro fueron excarcelados en las últimas horas, en el marco del proceso de liberación de presos políticos que se desarrolla en ese país. La información fue confirmada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), una organización que sigue de cerca la situación de detenidos por motivos políticos.
De acuerdo con el Clipp, los liberados son Marcos David Insignares García, Wladimir Rafael Escalona Gutiérrez y Riannys Valentina Mujica De Montesinos. Los tres se encontraban detenidos desde comienzos de 2024 en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda, a pocos kilómetros de Caracas, un penal conocido por alojar a opositores y militares acusados de conspiración.
[p_ad_box]
Los tres uniformados habían sido degradados en enero de 2024 por decisión del entonces ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto con otros 30 militares señalados por el gobierno de estar involucrados en supuestas “acciones criminales y terroristas” contra la administración chavista. Su caso se enmarca en una larga serie de procesos judiciales cuestionados por organismos de derechos humanos por la falta de garantías y transparencia.
La ONG celebró las liberaciones y destacó el impacto humano que tienen estas decisiones. “Celebramos cada reencuentro con sus familias y reiteramos que las excarcelaciones deben avanzar hasta alcanzar a todas las personas que permanecen injustamente detenidas. Que sean todos. La libertad no puede detenerse”, expresó el Clipp en la red social X, citado por medios internacionales.
Presión internacional y reclamo de más liberaciones
Las excarcelaciones se producen luego de que el gobierno venezolano informara el pasado viernes la liberación de 131 personas, en el marco de un proceso de negociación impulsado por Estados Unidos entre el chavismo y un sector de la oposición. Ese diálogo busca destrabar la crisis política y abrir canales para garantizar mayores libertades civiles, en un contexto de fuerte presión internacional.
Sin embargo, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), maneja cifras más bajas. De acuerdo con su conteo, hasta el momento se habrían concretado 105 excarcelaciones, por lo que reclamó “procesos de liberación masivos, permanentes, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos los presos políticos”.
Para la PUD, “solo se necesita voluntad política” para avanzar en ese camino y nada justificaría que, según sus registros, más de 460 personas sigan detenidas por motivos políticos en distintas cárceles del país. Estas discrepancias en las cifras reflejan la falta de información oficial clara y las dificultades para acceder a datos verificables sobre la población carcelaria vinculada a causas políticas.
El rol de las ONG y el seguimiento de casos
La organización Foro Penal, una de las principales ONG que se ocupa de la defensa de presos políticos en Venezuela, confirmó por su parte que al menos 81 personas habían sido liberadas entre el viernes y el lunes pasado. No obstante, advirtió que su equipo continúa verificando nuevas excarcelaciones y contrastando la información con familiares y abogados.
- Las ONG reclaman que las liberaciones se sostengan en el tiempo y no sean medidas aisladas.
- Los opositores demandan que el proceso incluya a todos los detenidos por razones políticas.
- La comunidad internacional sigue de cerca el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno venezolano.
“La libertad no puede detenerse”, subrayó el Comité por la Libertad de los Presos Políticos al celebrar las recientes excarcelaciones.
Mientras continúan las liberaciones, organismos humanitarios, partidos opositores y gobiernos extranjeros insisten en la necesidad de que Venezuela avance hacia un sistema judicial independiente, con garantías procesales y sin utilización de causas penales para perseguir a disidentes. El desenlace de este proceso será clave para el futuro político del país y para el respeto de los derechos humanos en la región.
