Polémica en Palermo por el regreso y nueva denuncia contra una docente
NewsITe
Una fuerte controversia sacude a la comunidad educativa porteña tras conocerse el caso de Roxana Carolina Cayo, una maestra de 53 años que volvió a dar clases en una escuela primaria de Palermo luego de haber sido condenada por la muerte de su beba, y que ahora fue nuevamente separada de su cargo por presuntas conductas inapropiadas con sus alumnos.
La docente se reincorporó al sistema educativo en agosto de este año en la Escuela N.º 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín, ubicada en el barrio de Palermo, luego de haber cumplido los años de inhabilitación administrativa fijados en la sentencia judicial por el caso ocurrido en 2010. Sin embargo, a poco de su regreso surgieron nuevas denuncias que derivaron en su apartamiento preventivo.
Según relataron los familiares de los estudiantes, la maestra habría filmado a los chicos dentro del aula con su teléfono celular. De acuerdo con las versiones que llegaron a las autoridades, aquellos alumnos que se negaban a ser grabados eran supuestamente castigados. Los propios niños comenzaron a contar en sus casas las situaciones que vivían en clase y eso alertó a los padres.
Ante esta preocupación, un grupo de madres y padres se acercó a la institución para plantear lo ocurrido y exigir respuestas. También indicaron que en una oportunidad la docente les pidió a los estudiantes que dibujaran su DNI y detallaran los lugares que solían frecuentar, una práctica que generó fuerte inquietud en las familias por la exposición de datos sensibles de los menores.
El antecedente judicial de la maestra y su regreso al aula
Cayo tiene antecedentes penales por la muerte de su hija de seis meses, ocurrida en 2010. De acuerdo con el expediente judicial, la mujer dejó a la beba sola en su casa de Florencio Varela al cuidado de sus hermanos menores para ir a bailar a un boliche en La Madrid. Cuando regresó, encontró a la niña sin vida dentro de una caja donde había juguetes; se habría caído de la cama, lo que le provocó un golpe en la cabeza y una hemorragia cerebral.
La causa avanzó con graves imputaciones. En un primer momento, la maestra fue condenada por homicidio doloso, una figura que le impedía volver a ejercer la docencia en el futuro. Sin embargo, la Cámara de Casación revisó el fallo, modificó la calificación legal y la sentenció finalmente por homicidio culposo, un delito que la ley vigente no considera inhabilitante de manera permanente para la tarea docente.
Tras cumplir la condena penal y el período de cesantía administrativa de cinco años, Cayo pudo reinsertarse en el sistema educativo porteño conforme al marco normativo actual. Fue en ese contexto que, en agosto, comenzó a trabajar frente a un sexto grado en la escuela de Palermo donde ahora fue denunciada.
Respuesta del Ministerio de Educación porteño y cambios en la normativa
Frente al nuevo escándalo, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires decidió separar de inmediato a la maestra de su cargo e iniciar una investigación administrativa para esclarecer los hechos denunciados por las familias. De manera paralela, la cartera educativa anunció que avanzará en la modificación del decreto reglamentario que regula el ingreso y la permanencia de docentes con antecedentes penales.
Fuentes oficiales explicaron que, tal como está redactada hoy, la normativa permite que una persona condenada por homicidio culposo pueda volver a dar clases una vez cumplida la sentencia y los plazos de inhabilitación administrativa. El objetivo de los cambios anunciados es evitar que se repitan situaciones de este tipo y revisar con mayor rigor los perfiles de quienes se desempeñan frente a alumnos, en especial en los niveles inicial y primario.
- La docente fue denunciada por presuntamente filmar a sus alumnos y castigar a quienes se negaban.
- Posee una condena previa por homicidio culposo por la muerte de su beba en 2010.
- El Ministerio de Educación porteño la separó del cargo y abrió una investigación.
- La Ciudad impulsa cambios en la reglamentación para casos de docentes con antecedentes penales.
Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad señalaron que se inició el proceso para modificar el decreto reglamentario vigente y reforzar los controles sobre el ingreso de docentes con antecedentes penales al sistema educativo.
Mientras avanza la investigación, la comunidad educativa permanece a la espera de definiciones. El caso vuelve a poner en debate los límites y responsabilidades del Estado a la hora de habilitar el regreso al aula de docentes con condenas previas, así como los mecanismos de control y denuncia disponibles para las familias.
