Albertina Mangini fue acusada de captar a personas en situación de vulnerabilidad para abrir billeteras virtuales con sus datos biométricos. La investigación también alcanzó a un operador financiero vinculado con la causa Sur Finanzas.
Una funcionaria judicial bonaerense fue detenida acusada de integrar una organización que habría utilizado los datos personales y biométricos de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas en billeteras virtuales y lavar dinero procedente del juego clandestino. La investigación detectó movimientos por unos $27.000 millones y analiza posibles conexiones con la causa Sur Finanzas.
La detenida fue identificada como Albertina Mangini, abogada y empleada del Ministerio Público Fiscal que cumplía tareas en una oficina de enlace ubicada dentro del Patronato de Liberados. La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, la imputó por asociación ilícita, estafa y lavado de activos, con agravantes vinculados con la habitualidad de las maniobras y su condición de funcionaria pública.
El Gobierno bonaerense negó que Mangini perteneciera al Ministerio de Justicia. “Es una empleada judicial y no tiene ni tuvo ninguna vinculación burocrática ni laboral con el Ministerio de Justicia”, señaló la administración provincial mediante un comunicado.
La Gobernación explicó que la acusada trabajaba en una dependencia de la Fiscalía General que tenía acceso a información de personas condenadas. La oficina funcionaba en el Patronato de Liberados, organismo que depende del Ministerio de Justicia provincial, pero Mangini integraba la estructura del Ministerio Público Fiscal.
Captaban personas vulnerables y escaneaban sus ojos
Según la hipótesis de la fiscalía, Mangini habría aprovechado su acceso a información institucional para identificar a personas liberadas, bajo tutela judicial o en una situación económica vulnerable. La maniobra habría funcionado desde finales de 2023 hasta, al menos, agosto de 2024.
De acuerdo con información publicada por Clarín, la organización ofrecía $80.000 a cambio de datos personales, fotografías y un “escaneo del ojo”. Las personas eran citadas en un bar ubicado en la zona de las calles 7 y 56, en La Plata, donde les tomaban imágenes de sus rostros y documentos mediante distintos teléfonos celulares.
Con esa información, los acusados habrían abierto cuentas en plataformas como Ualá, Mercado Pago y PayPal sin el consentimiento informado de sus titulares. Las identidades captadas se convertían de esa manera en “mulas financieras”, utilizadas para recibir, transferir y fragmentar fondos.
Una de las operatorias reconstruidas habría generado movimientos por al menos $172.242.946,68 durante aproximadamente un año. La Justicia busca establecer cuántas personas fueron utilizadas y si existen más cuentas digitales vinculadas con la organización.
Del juego clandestino a las billeteras virtuales
La fiscalía sostiene que el dinero depositado en las cuentas abiertas a nombre de terceros era derivado hacia un casino online ilegal. Allí, los fondos se transformaban en supuestos créditos de juego y luego regresaban al circuito financiero como aparentes ganancias.
Los investigadores describieron el procedimiento como “smurfing” o “pitufeo”. Esta modalidad consiste en dividir grandes sumas entre numerosas cuentas y operaciones de menor valor para dificultar su seguimiento y evitar las alertas de los sistemas de prevención del lavado.
La pesquisa atribuye a Mauro Perrotta el manejo de parte de las cuentas utilizadas como “mulas”. El dinero posteriormente habría sido remitido a operadores con conocimientos financieros y técnicos para introducirlo nuevamente en el mercado formal.
Lacki imputó a Mangini, Perrotta, Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag, Cristian Alejandro Scigliano e Ignacio Leonel Marchioni. La investigación deberá determinar el papel que habría cumplido cada uno dentro de la estructura.
Durante los procedimientos realizados en La Plata, Mar del Plata, Quilmes, Córdoba y otras localidades, los investigadores secuestraron dinero en efectivo, dispositivos electrónicos, documentación y un vehículo BMW. Mangini y Perrotta se negaron a declarar durante las indagatorias, mientras que Marchioni afirmó que se dedicaba al “corretaje y las inversiones” y rechazó haber participado de maniobras delictivas.
La conexión con la causa Sur Finanzas
La situación de Marchioni concentra parte de la atención judicial porque también está imputado en la investigación sobre Sur Finanzas, la financiera perteneciente a Maximiliano Vallejo que mantuvo vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino. En ese expediente tiene sus cuentas congeladas y pesa sobre él una inhibición general de bienes.
Un informe atribuido a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero puso bajo análisis operaciones efectuadas mediante billeteras digitales relacionadas con Sur Finanzas PSP SA y la firma de criptomonedas QBIT Capitals. Marchioni figuraba como monotributista categoría D y habría declarado ingresos inferiores a $5 millones durante 2024, aunque los registros analizados le atribuyeron movimientos por aproximadamente $87.000 millones.
La documentación también registró cerca de $230 millones en facturación, unos $255 millones de ingresos en efectivo y la compra de un BMW valuado en casi $100 millones. La Justicia analiza la diferencia entre esos movimientos y su situación fiscal declarada.
Por otra parte, un informe del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal Argentina detectó que Marchioni registró en la plataforma HAZ PAGOS créditos por $13.574.944.078 y débitos por $13.574.944.075. El flujo bruto alcanzó así los $27.149.888.153.
La empresa habría bloqueado y suspendido definitivamente su operatoria tras detectar un aumento del riesgo asociado con la causa Sur Finanzas. Además, la investigación estableció que Marchioni, Campoli Sillero y Taubenschlag habían sido clientes de LB Finanzas.
Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, Marchioni habría realizado 849 operaciones externas exitosas con 569 CUIT diferentes. Los ingresos recibidos desde cuentas de terceros llegaron a $266.361.641, mientras que los egresos alcanzaron los $749.935.913.
Taubenschlag negó estar detenido o imputado y sostuvo que las transferencias recibidas se relacionaban con su actividad como operador de criptomonedas. Explicó que convertía pesos en USDT para luego venderlos y obtener un margen cercano al 1% por cada operación.
La causa quedó en manos del juez Agustín Crispo
El expediente está bajo la intervención del juez de Garantías N°6 de La Plata, Agustín Carlos Crispo. El magistrado deberá resolver los eventuales pedidos de prisión preventiva que presente la fiscalía.
Mangini también enfrenta un expediente disciplinario dentro del Ministerio Público Fiscal, encabezado por Julio Conte Grand. Su eventual suspensión dependerá del avance de la causa penal y de las decisiones que adopten las autoridades judiciales.
Los investigadores ahora peritarán los teléfonos, las cuentas virtuales, los registros de las plataformas y la documentación secuestrada. El análisis buscará identificar a los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si la organización investigada mantenía una conexión directa con el circuito financiero de Sur Finanzas o si ambas estructuras utilizaron al mismo operador de manera independiente.
