Esperando una propuesta de la parte empresaria, el gremio suspendió el paro que había anunciado para el viernes pasado en todo el interior del país. Las partes vuelven a reunirse en audiencia paritaria el jueves. Si no hay acuerdo, es probable que la organización de los colectiveros insista con la medida de fuerza. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo estará facultada para diferir la suspensión de los servicios hasta mediados de septiembre a través de una conciliación obligatoria y su correspondiente prórroga reglamentaria.
De la redacción de EL NORTE
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La posibilidad de un conflicto abierto que implique la suspensión de los servicios de transporte público de corta y media distancia en todo el interior del país, incluido el de San Nicolás, es cierta. Pero también lejana. Ocurre que la medida de fuerza anunciada para el viernes pasado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y luego suspendida en medio de la negociación por los salarios de los trabajadores, no quedó desactivada.
La organización gremial la difirió “hasta la semana próxima”, por ésta que se inicia. Habrá en el medio una nueva audiencia paritaria convocada por la Secretaría de Trabajo de la Nación, con representantes de la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) del otro lado de la mesa de negociación. La organización gremial de los colectiveros dejó entrever que será un último intento de acuerdo antes de recurrir a la medida de fuerza. Sin embargo, la cartera laboral podrá jugar la carta de la conciliación obligatoria para conservar la paz social al menos hasta traspuesta la primera mitad de septiembre.
La próxima audiencia quedó convocada para el jueves de esta semana, 20 de agosto, al mediodía. ¿Por qué se llega a ese nuevo encuentro cuando la UTA ya había anunciado que recurriría a una medida de acción directa?
El Ministerio de Capital Humano del que depende la Secretaría de Trabajo lo reconstruyó a través de un comunicado. “La Fatap manifestó que ha convocado a las jurisdicciones provinciales y municipales a fin de realizar los mayores esfuerzos y contar con una respuesta durante la próxima semana frente al requerimiento efectuado por la organización sindical”, indicó la cartera conducida por Sandra Pettovello.
Y señaló que la UTA, “considerando la voluntad manifestada por Fatap de realizar un ofrecimiento, resolvió dejar en suspenso las medidas anunciadas hasta la próxima semana, a efectos de aguardar una respuesta de la representación empresarial”.
Después del jueves
Habrá que ver lo que suceda el jueves en esa reunión. Aunque es probable que no haya acuerdo y que el gremio recurra entonces –ahora sí– a la medida de acción directa, el eventual paro a partir de la hora cero del viernes 21 todavía podrá evitarse: la cartera laboral estará en condiciones de dictar un periodo de conciliación obligatoria que conmine a las partes a no innovar para seguir negociando. Es decir, el gremio no podrá concretar la medida de fuerza hasta agotado el periodo de la conciliación.
Las conciliaciones obligatorias se extienden por periodos de 15 días hábiles y pueden ser prorrogadas en una única vez durante otros 5. Es decir que si el Gobierno juega esa carta la conciliación inicial se extenderá hasta el 10 de septiembre. E incluso hasta el 17 en caso de dictarse la prórroga. Por eso, aunque el acuerdo salarial parece poco probable a estas alturas y la medida de fuerza asoma como una amenaza concreta, también el escenario de conflicto abierto podría demorarse hasta después de la primera quincena de septiembre.
El pedido de UTA
Mediante un comunicado, la UTA había dicho que la situación es “insostenible”. “No vamos a aceptar que el salario de los trabajadores quede subordinado indefinidamente a cualquier circunstancia”, advirtió el gremio que conduce Roberto Fernández.
El principal reclamo se vincula con la homologación en el interior de los números que acordó UTA a fines de julio para los choferes de AMBA.
En aquella negociación se estableció un salario mínimo de $1.645.721,36 para julio, con aumentos escalonados por dos meses. En agosto ascendió a $1.676.990,06, mientras que en septiembre alcanzará los $1.707.175,88.
“La negociación paritaria lleva ya más de 90 días sin que las partes hayan podido arribar a un acuerdo que permita recomponer los salarios de los trabajadores representados. Durante todo este período, los trabajadores vienen soportando el deterioro de su poder adquisitivo, mientras la representación empresaria insiste en formular consideraciones generales vinculadas con la estructura de costos, el financiamiento del sistema, las tarifas y las decisiones de los poderes concedentes, sin traducir tales planteos en una propuesta concreta de incremento salarial”, advirtió el gremio.
