Una antropóloga cuestiona el uso de prejuicios en la causa Rudnev
NewsITe
La causa federal abierta en Bariloche contra el ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de trata de personas, sumó en los últimos días un fuerte cuestionamiento académico. La antropóloga María Vardé, investigadora del Instituto de Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, advirtió que se están utilizando categorías cargadas de prejuicios para invalidar la palabra de mujeres que niegan ser víctimas y apuntó de manera directa contra el fiscal federal Oscar Fernando Arrigo.
En un análisis difundido en la web “Diversidad Religiosa”, Vardé reconstruyó cómo el término “organización coercitiva” se incorporó al lenguaje judicial argentino, especialmente en causas vinculadas a presuntas sectas o grupos religiosos. Según la especialista, en expedientes como el de Rudnev se parte desde el inicio de la hipótesis de “persuasión coercitiva” sin que esa afirmación surja como conclusión de la investigación, lo que condiciona la lectura posterior de las pruebas.
La antropóloga sostiene que algunos fiscales “convierten, sin pruebas, el rechazo de mujeres a considerarse víctimas en la confirmación de que lo son”. En otras palabras, cuando una mujer declara que no fue manipulada ni explotada, esa negativa no debilita la acusación, sino que es interpretada como resultado del supuesto control mental ejercido por la organización. De este modo, plantea, se configura una teoría difícil de someter a verificación empírica.
Críticas a la figura de “organización coercitiva” en la ley argentina
Vardé remarca que la legislación argentina sobre trata de personas define el delito a partir de conductas concretas —captar, trasladar, recibir o acoger con fines de explotación— y contempla agravantes como violencia, amenazas, engaño, coerción o abuso de una situación de vulnerabilidad. Pero en ningún pasaje de la norma aparecen las categorías “organización coercitiva” ni “persuasión coercitiva”, que comenzaron a ganar espacio en discursos y documentos oficiales a partir de 2018, tomadas del repertorio del movimiento antisectas.
En trabajos previos, la investigadora ya había documentado la traducción de expresiones como “secta” y “lavado de cerebro” a términos supuestamente más técnicos como “organización coercitiva” y “persuasión coercitiva”. Para Vardé, este corrimiento semántico permitió que esas nociones pasaran del activismo antisectas al lenguaje antitrata, de allí a políticas de Estado y, finalmente, a expedientes judiciales que las presentan como una forma emergente de criminalidad.
El testimonio de Makarova y la hipótesis fiscal
La discusión teórica tiene un correlato directo con el expediente de Bariloche. En la causa Rudnev figura la declaración en Cámara Gesell de la ciudadana rusa Elena Makarova, señalada por la fiscalía como presunta víctima de trata. En esa audiencia, Makarova afirmó que no conocía personalmente a Rudnev, que en Bariloche vivió con una amiga, se movió sin restricciones y negó haber sido manipulada, explotada o privada de su libertad. Pese a ese testimonio, la fiscalía mantiene hasta hoy su caracterización como víctima.
En una entrevista reciente con el programa “Tiempo de Policiales”, por ATP Stream, Makarova fue aún más categórica: “Yo no soy víctima de los ciudadanos rusos que fueron detenidos en Argentina en aquel momento. No los conozco, nunca los he visto y no tengo la menor idea de cómo podría ser su víctima”. La joven explicó que viajó a la Argentina atravesando una situación personal crítica en Rusia, con una relación de pareja conflictiva y temores por su embarazo.
Condiciones posteriores y cuestionamientos al accionar judicial
- Makarova describió su vida en Bariloche antes del parto como “simplemente maravillosa”, sin restricciones de movimiento y con sensación de libertad.
- Relató que el quiebre se produjo tras el nacimiento de su hijo, cuando intervinieron policías y fiscales sin darle explicaciones claras sobre la investigación.
- Denunció que los primeros tres meses de vida de su bebé transcurrieron en condiciones que definió como “cautiverio”, sin agua caliente suficiente, con alimentación inadecuada y limitaciones para salir al aire libre.
“Considero que la fiscalía actuó de manera injusta con todos nosotros y especialmente conmigo. No entiendo por qué tuvimos que pasar por todo esto”, afirmó Elena Makarova.
Vardé aclara que su postura no implica reclamar impunidad para grupos religiosos o comunitarios. Por el contrario, remarca que investigar posibles explotaciones laborales, sexuales, patrimoniales u otros delitos es indispensable cuando hay indicios. El resguardo, subraya, está en no utilizar las creencias, la disciplina interna, el trabajo voluntario o la vida comunitaria como sustituto de la prueba que exige la ley para acreditar la explotación. En ese cruce entre teoría, prejuicio y práctica judicial se juega, según la antropóloga, la integridad de la política antitrata y la vigencia de las garantías básicas en el proceso penal.
