González Charvay asumirá la investigación por la mansión de Pilar
NewsITe
La Justicia Federal resolvió que el juez Adrián González Charvay sea el nuevo magistrado a cargo de la causa por la compra de la lujosa mansión de Pilar, un expediente que se entrelaza con una investigación mayor por presunto lavado de activos en torno a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La decisión implica el regreso del caso a los tribunales de Campana, luego de un extenso recorrido por distintos fueros de la Ciudad de Buenos Aires.
La propiedad en cuestión se destaca por sus dimensiones: se trata de un predio de unos 105.000 metros cuadrados donde, durante los allanamientos, se secuestraron 54 vehículos de alta gama. El inmueble figura a nombre de una jubilada y de un monotributista, personas que, según sospechan los investigadores, podrían ser testaferros o “presta nombres” del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, uno de los hombres de mayor peso dentro del organismo que conduce Claudio “Chiqui” Tapia.
El cambio de juez modifica el mapa judicial del caso. Hasta ahora, el expediente tramitaba en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires, adonde había llegado tras una serie de resoluciones y conflictos de competencia que involucraron al juzgado federal de Daniel Rafecas, a la Justicia de Campana y a la Cámara Federal de Casación Penal. Con la nueva resolución, el caso vuelve definitivamente a la órbita de Campana.
La figura de González Charvay no es ajena a los asuntos vinculados con la AFA. El magistrado ya intervino en otras causas relacionadas con la entidad y mantuvo disputas de competencia con juzgados de la Capital Federal, justamente por la concentración de expedientes en los que se investigan presuntas irregularidades financieras, maniobras de defraudación y movimientos sospechosos que podrían encuadrar en lavado de activos.
Un expediente que suma tensión alrededor de la AFA
La investigación por la mansión de Pilar se inscribe en un escenario judicial más amplio, en el que aparecen en primer plano el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. En distintos despachos federales se tramitan causas que apuntan a revisar el manejo de fondos, contratos, transferencias y presuntos desvíos de dinero vinculados al organismo rector del fútbol argentino.
En este contexto, el caso de la mansión cobra relevancia no solo por el patrimonio incautado, sino también por lo que podría revelar sobre la estructura económica detrás de la dirigencia del fútbol. La utilización de supuestos testaferros y sociedades comerciales para adquirir bienes de alto valor se encuentra entre las hipótesis que analizan los investigadores.
El rol de Real Central SRL y la disputa por la competencia
Dentro del expediente aparecen mencionados Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, integrantes de la firma Real Central SRL, sociedad que figura como titular de la propiedad. Sus defensores habían reclamado que la causa fuera remitida a la jurisdicción de Campana, con el argumento de que la competencia territorial debía determinarse por el lugar donde se encuentra el inmueble.
- La defensa planteó que el juzgado competente debía ser el de la zona de Pilar–Campana.
- La fiscalía, encabezada por Mario Villar, se opuso al pedido y buscó sostener la competencia del fuero Penal Económico de CABA.
- La Cámara de Casación fue clave en el derrotero del expediente, que finalmente terminó regresando a Campana con González Charvay al frente.
El fiscal Villar había solicitado expresamente que no se hiciera lugar al recurso de casación presentado por la defensa, con el propósito de mantener el caso en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la nueva definición judicial reordena el tablero y concentra, una vez más, en la jurisdicción de Campana un conjunto de investigaciones vinculadas con la AFA.
Con la designación de González Charvay, la causa por la mansión de Pilar se integra a un entramado de expedientes que ponen bajo la lupa el patrimonio y los movimientos financieros alrededor de la cúpula del fútbol argentino.
De ahora en adelante, el juez deberá avanzar con medidas de prueba clave: análisis patrimoniales, rastreo de movimientos bancarios, pericias contables y eventuales citaciones a declaración indagatoria. El resultado de esas actuaciones será determinante para establecer si la lujosa mansión de Pilar formó parte de un esquema de lavado de activos y para definir el futuro judicial de los protagonistas del caso.
