La fiscalía impulsa el juzgamiento de policías salteños
NewsITe
La investigación por los homicidios de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurridos en julio de 2011 en Salta, volvió a escena judicial. La fiscalía solicitó que la causa por apremios ilegales contra un grupo de policías, vinculada a las actuaciones realizadas durante aquella pesquisa, sea elevada a juicio oral.
El planteo fue formulado por los fiscales María Luján Sodero Calvet, a cargo de la Unidad de Femicidios (UFEM), y Daniel Espilocín, del fuero de Graves Atentados Contra las Personas (UGAP), durante una audiencia de admisión de pruebas. Ambos funcionarios consideraron que existe mérito suficiente para que los agentes imputados respondan en un debate público por los hechos que se les atribuyen.
En la audiencia comparecieron los acusados Martín Alberto Flores Saravia, Rubén Ángel Aguirre, Juan Carlos Paz, Osvaldo René Guanca, Néstor Orlando Chilo, Diego Aguirre Guantay, Rodolfo López, Ricardo Hernán Tabacache, Miguel Bernardino Flores, Dante Eduardo Ceballos, Adrián José Quipilor, Carlos Villagrán Guerrero, Fabio José Litián, Héctor Adrián Vázquez y Rodrigo Emmanuel Bautista. Todos están señalados por presuntos apremios ilegales cometidos en el marco de la investigación del doble crimen.
Entre los denunciantes estuvo presente Gustavo Orlando Lasi, condenado por los homicidios de Bouvier y Moumni, quien fue trasladado bajo custodia para declarar. También participaron Francisco Ariel Tejada y Nelson Ricardo Vilte Laxi, mientras que otro de los denunciantes, Daniel Octavio Vilte Laxi, no se presentó a la audiencia.
Debate por los plazos y resolución pendiente del Tribunal
Al inicio de la jornada, las defensas de los policías cuestionaron la continuidad del proceso y plantearon la extinción de la acción penal por afectación del plazo razonable, a la luz del tiempo transcurrido desde los hechos. Solicitaron el sobreseimiento de los imputados y pidieron que se suspenda el trámite hasta que la Cámara resuelva en forma definitiva sobre ese punto.
El fiscal Espilocín recordó que planteos similares ya fueron tratados por la Justicia salteña y rechazados, al considerar que no se verificó violación alguna a las garantías de los acusados. En la misma línea, la fiscal Sodero Calvet remarcó que resoluciones anteriores abordaron de manera expresa los argumentos esgrimidos por las defensas y descartó que hubiera existido una interpretación errónea de las normas aplicables.
Luego de escuchar a todas las partes, el Tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio para analizar en detalle la cuestión vinculada al plazo razonable y a la eventual extinción de la acción penal. La Oficina Judicial deberá fijar una nueva fecha, en el menor tiempo posible, para comunicar la resolución sobre este planteo y definir si la causa avanza o no hacia el juicio oral.
- Si el Tribunal rechaza la extinción, continuará la audiencia con el análisis de la prueba ofrecida por las partes.
- En caso de hacer lugar al planteo de las defensas, los policías podrían ser sobreseídos y la causa por apremios quedaría sin efecto.
El expediente por presuntos apremios ilegales reabre el debate sobre las prácticas policiales y los estándares de investigación en causas de alto impacto social.
La decisión del Tribunal será clave no solo para el futuro procesal de los agentes acusados, sino también para el mensaje institucional en torno al control de la violencia estatal en contextos de investigación criminal. El caso de las turistas francesas, que conmovió a la opinión pública nacional e internacional, vuelve así al centro de la escena judicial salteña más de una década después.
