El oficialismo apura dictamen en Diputados en medio de fuertes resistencias
NewsITe
El antecedente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, que se acogió al régimen simplificado de Ganancias habilitado para funcionarios públicos, se convirtió en el principal obstáculo para que el oficialismo logre acuerdos alrededor de la nueva ley de Inocencia Fiscal en la Cámara de Diputados.
Según fuentes parlamentarias consultadas por la Agencia Noticias Argentinas, la referencia al caso Adorni “empioja” la negociación y alimenta las sospechas de la oposición sobre un eventual beneficio para funcionarios, en el marco de una norma pensada para blanquear ingresos informales bajo un esquema de menor carga impositiva.
Pese a las tensiones, La Libertad Avanza buscará avanzar este miércoles con el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, que se reunirá desde las 11 en el anexo C de la Cámara baja. El objetivo inicial del oficialismo era llegar al recinto el 19 de agosto, aunque en las últimas horas cobró fuerza la posibilidad de postergar el debate al 26 para tratar la ley de Inocencia Fiscal junto con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
Un proyecto clave para atraer ahorros informales
En la última reunión informativa, altos funcionarios del Ministerio de Economía defendieron la iniciativa, que amplía el universo de beneficiarios del régimen simplificado de Ganancias. La subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, el director Nacional de Impuestos, Juan José Imirizaldu, y el director del Banco Central Martín Vauthier detallaron los alcances técnicos de la actualización, que incorpora cambios ya incluidos en el decreto reglamentario de la norma original.
El proyecto apunta a que particulares con ahorros no declarados, tanto en pesos como en moneda extranjera, puedan incorporarlos al circuito formal sin enfrentar sanciones penales ni tributarias adicionales, a cambio de cumplir con una declaración jurada simplificada y tributar dentro de un esquema especial.
Críticas opositoras y defensa oficial
Desde los bloques opositores cuestionan que la ley, tal como está redactada, alienta la evasión fiscal y constituye en los hechos un “blanqueo permanente”, con la particularidad de que no excluye expresamente a funcionarios públicos del beneficio. En ese marco, el caso de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti —quienes pidieron adherirse al régimen simplificado ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mientras son investigados por presunto enriquecimiento ilícito— se volvió un emblema de la discusión.
Balestrini negó de plano que se trate de un nuevo blanqueo masivo.
“Esto no se trata de un régimen de regularización de activos, sino de una declaración jurada simplificada”
, remarcó la funcionaria, al tiempo que recordó que los funcionarios siguen obligados a presentar sus declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción y sometidos a los controles de la ley antilavado y la normativa antievasión.
El peso de los dólares fuera del sistema
En el plano económico, Vauthier puso números sobre la mesa: estimó que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero, “bajo el colchón”, alrededor de 170 mil millones de dólares en billetes, posiblemente más. En contraste, los depósitos privados en moneda extranjera en los bancos rondan los 40 mil millones.
- Un stock de dólares informales de entre cuatro y cinco veces los depósitos privados en el sistema financiero.
- La apuesta oficial es que la ley motive a formalizar parte de esos ahorros sin castigos retroactivos.
“Estamos hablando de un número enorme y el objetivo de la ley es permitir que los argentinos puedan formalizar estos ahorros sin sufrir ninguna penalidad”, sostuvo el director del BCRA ante los diputados, al justificar la urgencia de la iniciativa para fortalecer el mercado de capitales y la disponibilidad de divisas.
Con la negociación trabada por el antecedente Adorni y el rechazo opositor al posible beneficio para funcionarios, el oficialismo se juega en las próximas horas una pulseada clave para definir si la ley de Inocencia Fiscal llega al recinto este mes o si deberá seguir buscando consensos en un escenario político cada vez más polarizado.
