Chats, documentos y actuaciones incorporados a la causa reconstruyen las advertencias que existían antes de la tragedia vinculada a los lotes adulterados de fentanilo y las decisiones posteriores de los organismos de control. Meses atrás, Diario EL NORTE había publicado el testimonio de Gisel Oviedo, hermana de una víctima, quien denunció que las irregularidades en la planta de Ramallo eran conocidas y que la producción continuó pese a las alertas.
De la Redacción de EL NORTE
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Más de un año después de que el caso del fentanilo adulterado comenzara a revelar la magnitud de una de las mayores tragedias sanitarias del país, la investigación judicial avanzó sobre un punto central: qué sabían los organismos encargados de controlar los medicamentos antes de las primeras muertes y qué hicieron frente a las irregularidades que ya habían detectado.
Los nuevos elementos incorporados a la causa permiten reconstruir que las autoridades conocían graves deficiencias en Laboratorios Ramallo antes de que allí se fabricaran los lotes de fentanilo que posteriormente quedaron bajo investigación. Una inspección realizada el 28 de noviembre de 2024 detectó fallas críticas y derivó en una recomendación interna para inhabilitar la planta. Sin embargo, la producción continuó y, entre mediados de diciembre y los primeros días de enero de 2025, se elaboraron los inyectables que luego quedarían vinculados a la tragedia sanitaria.
Chats incorporados al expediente, documentos oficiales y actuaciones administrativas permiten ahora precisar qué ocurrió dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) durante aquel período.Los elementos adquieren particular relevancia para San Nicolás y la región por el papel de Laboratorios Ramallo, la planta ubicada en la vecina localidad bonaerense donde se elaboró el producto investigado.
Tal como informó EL NORTE oportunamente, el 6 de mayo Gisel Oviedo, hermana de Daniel Oviedo —una de las víctimas fatales— y ex operaria técnica en elaboración de medicamentos, había denunciado ante este medio que los organismos de control conocían las graves deficiencias existentes en el establecimiento antes de la fabricación del fentanilo.
Tres meses después, varios de aquellos señalamientos encuentran respaldo o mayor precisión en las actuaciones conocidas. Al mismo tiempo, nuevos chats permiten reconstruir las decisiones adoptadas después de las inspecciones y exponen la relación que existía entre autoridades de los organismos sanitarios y representantes del laboratorio.
Las graves irregularidades detectadas antes de la producción
Uno de los puntos centrales de la nueva reconstrucción se remonta al 28 de noviembre de 2024, cuando inspectores del INAME ingresaron a Laboratorios Ramallo y encontraron deficiencias críticas relacionadas con documentación, controles microbiológicos, validaciones y depósitos. A partir de los resultados de aquella inspección, un informe interno recomendó inhabilitar la planta, una decisión que finalmente no se concretó.
Ese antecedente ya había sido señalado tres meses atrás por Oviedo durante su entrevista con Diario EL NORTE. “En noviembre de 2024 le hicieron al laboratorio una auditoría y los documentos internos de ANMAT evidencian claramente que esas inspecciones, que fueron en Ramallo, detectaron veinticuatro fallas críticas en los procesos de manufactura”, había afirmado. En aquel momento, la hermana de Daniel también cuestionó que las observaciones no hubieran derivado en la paralización de la actividad: “Nunca se decidió clausurar ni nada por el estilo. El fentanilo se elaboró bajo la violación y el incumplimiento de normas globales de manufactura en diciembre de 2024. Y ya en enero de 2025 salió a comercialización”.
La información conocida ahora permite precisar aquella secuencia. Entre el 16 de diciembre de 2024 y los primeros días de enero de 2025 se produjeron los lotes de fentanilo que posteriormente quedaron bajo investigación. La fabricación se realizó, por lo tanto, después de que los inspectores hubieran detectado las graves irregularidades y recomendaran inhabilitar el establecimiento. Además, el 3 de enero de 2025 volvieron a reclamar una medida todavía más amplia: prohibir toda la producción y retirar los medicamentos del mercado.
La investigación sobre lo ocurrido dentro de la planta tuvo posteriormente una conexión directa con San Nicolás. En agosto de 2025, Gendarmería Nacional allanó una vivienda de calle San José y detuvo allí a la farmacéutica nicoleña Carolina Ansaldi, quien se desempeñaba como directora técnica de Laboratorios Ramallo. Por su función dentro de la estructura técnica del establecimiento, quedó bajo investigación por su intervención en los procesos de producción y control; posteriormente fue procesada y recibió prisión domiciliaria. En mayo de este año, el juez federal Ernesto Kreplak amplió las imputaciones contra los procesados en la causa, entre ellos Ansaldi.
De esta manera, uno de los principales cuestionamientos que Oviedo había formulado ante este diario cuenta ahora con una cronología administrativa y judicial mucho más precisa. Las deficiencias habían sido detectadas antes de la elaboración de los lotes, existían recomendaciones expresas para detener la actividad y retirar medicamentos y, pese a esas advertencias, la producción continuó.
Andrés Quinteros y los laboratorios
Otro nombre nicoleño que aparece alrededor de la trama es el de Andrés Quinteros, dirigente político y empresario con una extensa trayectoria en la vida pública de San Nicolás. Fue concejal y llegó a presidir el Concejo Deliberante entre 2011 y 2013, antes de asumir como diputado provincial, cargo que ocupó entre 2013 y 2017. Dentro del peronismo mantuvo inicialmente vínculos con el kirchnerismo y el cristinismo y posteriormente se alineó con el espacio referenciado en Florencio Randazzo.
Su nombre adquirió relevancia dentro del caso cuando comenzaron a conocerse sus relaciones con las compañías involucradas. De acuerdo a lo indicado por Diario EL NORTE en mayo de 2025, documentación oficial identificó a Quinteros como “jefe de Productos Regulados” de HLB Pharma Group. Además, apareció vinculado como apoderado de Laboratorios Ramallo. La documentación permitió acreditar una relación con las firmas que el propio dirigente había negado públicamente.
Con el avance de la investigación surgieron nuevas referencias sobre el lugar que habría ocupado dentro de esa estructura. En una declaración incorporada a la causa, Javier Tchukran, consultor vinculado con la gestión de los laboratorios, identificó a Quinteros como CEO de HLB Pharma. Esa caracterización corresponde a su testimonio y se suma a los vínculos documentados previamente entre el dirigente nicoleño y las compañías.
La relación entre Quinteros y Ariel García Furfaro se quebró posteriormente y derivó en fuertes acusaciones. García Furfaro sostuvo ante la Justicia que su excolaborador había tenido intervención en diferentes áreas operativas de las firmas y llegó a señalarlo en una hipótesis de sabotaje relacionada con la contaminación del fentanilo. Esta última acusación, hasta el momento, no fue acreditada por la investigación judicial.
La disputa volvió a adquirir relevancia este año. En junio, la defensa de García Furfaro pidió que Quinteros fuera citado a declarar y volvió a apuntar contra él a partir de un supuesto conocimiento previo sobre la posibilidad de que apareciera un medicamento contaminado. La presentación sumó así una nueva línea a una causa en la que el vínculo de Quinteros con las compañías sí aparece documentado: se desempeñó como jefe de Productos Regulados de HLB Pharma Group y figuró como apoderado de Laboratorios Ramallo.
De las advertencias a la salida del fentanilo al mercado
Mientras los inspectores reclamaban medidas sobre la planta, los movimientos dentro de los organismos sanitarios continuaron. Agustina Bisio asumió al frente de la ANMAT el 5 de enero de 2025 y, al día siguiente, recibió documentación con el historial de incumplimientos de las firmas desde 2018. Apenas ocho días después, el 14 de enero, participó junto con la entonces titular del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó, de una reunión con Ariel García Furfaro, señalado como dueño del laboratorio.
Ese encuentro ocupa ahora un lugar central en la investigación. Según la reconstrucción, los chats incorporados al expediente muestran que después de la reunión se habría acordado un plan de acción destinado a levantar las advertencias sin suspender la fabricación. Al día siguiente, Mantecón Fumadó decidió no inhibir la producción ni retirar la advertencia y, de acuerdo con los elementos bajo análisis, habría ofrecido además asistencia para conseguir rótulos y prospectos.
El medicamento avanzó mientras tanto hacia su comercialización. El 30 de enero salieron a la venta alrededor de 10.000 ampollas correspondientes al lote 31.202 y, nueve días después, el 8 de febrero, se registró la primera aplicación que terminó con resultado fatal. Dos días más tarde se produjo otro episodio que conecta directamente la documentación conocida ahora con lo que Gisel Oviedo había denunciado en mayo.
“El 10 de febrero reciben el alerta de que tienen que parar todo, pero nunca se hizo caso a esas alertas. Recién se detuvo la distribución en mayo”, había afirmado la mujer. Las actuaciones conocidas posteriormente permiten precisar aquel señalamiento: ese día se firmó una prohibición de producción, pero la resolución no fue publicada ni entró efectivamente en vigencia. En consecuencia, durante las semanas siguientes las droguerías y hospitales continuaron operando con los productos.
A medida que las consultas comenzaron a llegar a la ANMAT, una técnica planteó en conversaciones internas la gravedad de la situación, la posibilidad de que se produjeran nuevas muertes y la responsabilidad institucional que podía derivarse de mantener los medicamentos en circulación. En ese contexto aparece una de las frases que ahora forman parte del expediente. “Es un montón de guita que está en la calle”, respondió Mantecón Fumadó, según los chats incorporados a la investigación, en referencia a los productos que ya habían sido distribuidos y al impacto económico que implicaría retirarlos.
La situación se prolongó durante marzo. La prohibición continuó sin publicarse y el INAME rechazó nuevos planes de acción, mientras tampoco se emitía una alerta pública para advertir sobre los riesgos. Finalmente, en abril, fue el propio laboratorio el que anunció el retiro voluntario del fentanilo y su autoinhibición antes de que el Estado concretara una respuesta integral.
Chats, inspecciones y una relación ahora bajo investigación
La documentación incorporada al expediente abrió además otro interrogante que no había aparecido cuando Oviedo habló con este diario: la posibilidad de que responsables del establecimiento hubieran recibido información anticipada sobre inspecciones oficiales. Uno de los mensajes incluidos en la causa señala: “Me acaba de avisar Ariel García Furfaro que mañana cae inspección”, escribió una funcionaria.
El contenido de esa conversación pasó a formar parte del análisis judicial sobre la relación entre los responsables de las empresas y quienes tenían a su cargo su fiscalización. La causa ya no busca establecer solamente en qué condiciones se fabricaron los medicamentos en Laboratorios Ramallo, sino también qué hicieron las autoridades después de detectar las irregularidades, por qué las recomendaciones técnicas no derivaron inmediatamente en la paralización de la producción y cómo funcionaban las comunicaciones con los representantes del establecimiento.
La cronología adquirió todavía mayor gravedad el 22 de abril de 2025, cuando se confirmó oficialmente que el lote 31.202 estaba asociado a eventos adversos. Para entonces, según los elementos incorporados a la investigación, ya se habían registrado 63 muertes. Esa cifra corresponde específicamente a aquel momento y no al total posterior de fallecimientos incorporados a la causa: tal como informó EL NORTE, el pasado 6 de mayo la investigación judicial ya superaba las 114 muertes bajo análisis.
Detrás de esa secuencia administrativa aparecen, además, las historias de quienes recibieron el medicamento. Daniel Oviedo había recibido su primera dosis de fentanilo el 27 de febrero de 2025 y, según reconstruyó su hermana ante este diario, atravesó desde entonces ocho operaciones, una sepsis y un profundo deterioro físico hasta su fallecimiento, ocurrido el 17 de mayo. “El 27 de febrero Dani recibió su primera dosis de fentanilo. Desde entonces hasta mayo, mes en el que falleció concretamente el 17 de mayo, pasó por ocho operaciones”, recordó Gisel.
La familia, según relató entonces, recién conoció posteriormente la posible vinculación del medicamento con la muerte de Daniel. “Nos dirigimos al hospital por nuestra cuenta, porque vimos una nota en redes sobre el caso. Fue allí que nos dijeron que lo habían envenenado ‘sin querer’. Nadie nos llamó antes”, había denunciado.
Las indagatorias y la mirada sobre el Ministerio de Salud
El avance más reciente de la causa llevó la investigación directamente hacia quienes conducían los organismos responsables de fiscalizar los medicamentos. Las extitulares de ANMAT e INAME, Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, fueron detenidas e indagadas esta semana, más de un año después del comienzo de la tragedia sanitaria. Ambas recuperaron posteriormente la libertad tras presentar fianzas de 75 millones de pesos mediante bienes inmuebles.
Las indagatorias buscan determinar qué conocimiento tenían las exfuncionarias sobre las irregularidades, qué decisiones adoptaron frente a las recomendaciones técnicas y por qué las medidas destinadas a detener la producción y circulación de los productos se demoraron. Cuando Oviedo dialogó con este medio había reclamado, precisamente, que las responsabilidades institucionales fueran analizadas a lo largo de toda la cadena de decisiones. Los elementos incorporados posteriormente al expediente permitieron avanzar ahora sobre ese recorrido.
La investigación también alcanzó al Ministerio de Salud. La Justicia intenta establecer qué grado de conocimiento tenía el ministro Mario Lugones sobre las irregularidades detectadas y las decisiones que se discutían dentro de ANMAT e INAME. También en este punto existe un antecedente en la entrevista publicada por este diario: Oviedo había sostenido que las responsabilidades políticas e institucionales debían analizarse “en toda la cadena de decisiones” y mencionó expresamente al ministro por su rol sobre las áreas vinculadas a los organismos de control.
Las exfuncionarias declararon ahora que ninguna determinación de importancia se adoptaba sin el aval o una consulta previa a Lugones. A ello se suma un chat del 26 de marzo en el que Bisio le preguntó a Mantecón Fumadó si la situación podía derivar en el cierre de la planta porque, según escribió, “Mario pregunta”. Estos elementos no determinan por sí mismos una responsabilidad penal del ministro, pero forman parte del material que la Justicia analiza para establecer qué información recibió, qué conocimiento tuvo sobre las irregularidades y cuál fue eventualmente su participación en las decisiones investigadas.
Las denuncias de las familias adquieren una nueva dimensión
Una parte central de la denuncia de Gisel Oviedo apuntaba a explicar cómo Laboratorios Ramallo había podido continuar funcionando si los organismos responsables de fiscalizarlo ya habían detectado graves deficiencias. Tres meses después, los chats, documentos y actuaciones administrativas conocidos permiten reconstruir con mayor precisión parte de aquella secuencia y diferenciar cuáles de esos cuestionamientos encontraron respaldo documental y cuáles permanecen sujetos a la investigación.
La planta había sido inspeccionada antes de la fabricación de los lotes investigados y los inspectores recomendaron inhabilitarla. Posteriormente insistieron en prohibir toda la producción y retirar los medicamentos. Pese a ello, los lotes fueron elaborados y las ampollas salieron al mercado. A esos antecedentes se suman ahora una reunión entre las máximas autoridades de los organismos sanitarios y García Furfaro, conversaciones internas sobre el impacto económico de retirar los medicamentos y un mensaje que apunta a un presunto aviso anticipado sobre una inspección.
No todos los cuestionamientos planteados por las familias pueden considerarse judicialmente probados. Entre ellos permanece la posición de Oviedo respecto de la utilización del término “adulterado” en lugar de “contaminado”, una definición que fundamentó ante este medio a partir de su experiencia profesional y de las condiciones de elaboración del medicamento. Sin embargo, varios de los hechos sobre los que había advertido cuentan ahora con respaldo o mayor precisión documental: las irregularidades previas en Laboratorios Ramallo, las recomendaciones para detener la actividad, la continuidad de la producción y la existencia de una prohibición firmada el 10 de febrero que no llegó a entrar efectivamente en vigencia.
La causa deberá determinar hasta dónde llegó la cadena de responsabilidades. En el centro de la investigación permanece el interrogante que atraviesa toda la cronología: qué sabían las autoridades encargadas de controlar los medicamentos, cuándo lo supieron y por qué, pese a las advertencias existentes, las medidas destinadas a impedir que el fentanilo siguiera produciéndose y circulando no llegaron a tiempo.
