Licencias, lactancia y tiempo para cuidar: qué pasa hoy en Argentina
El modo en que se organiza el cuidado durante la primera infancia volvió al centro del debate público. Diversos estudios advierten que el tiempo disponible para cuidar a los bebés en sus primeros meses de vida es una de las inversiones con mayor impacto social y económico que puede hacer un país: mejora el desarrollo infantil, iguala oportunidades, favorece la inserción laboral y, a largo plazo, incide en la productividad.
En Argentina, este desafío supera el ámbito doméstico y compromete al Estado, al mercado laboral y a las comunidades. Un informe reciente del Programa de Protección Social de CIPPEC, titulado “Lactancia en contexto: hacia un marco integral de políticas de cuidado”, analiza el régimen de licencias y las políticas disponibles para acompañar la crianza temprana, en un escenario marcado por una fuerte caída de la natalidad y un aumento sostenido de la participación femenina en el mercado de trabajo.
La Ley de Contrato de Trabajo sigue entendiendo la licencia principalmente como una prohibición de trabajar alrededor del parto, concebida como cobertura de una incapacidad temporaria. Sin embargo, la evidencia en desarrollo infantil temprano desplaza el foco: el tiempo protegido para cuidar no es solo un beneficio laboral, sino un insumo clave para el desarrollo del capital humano, con efectos que se extienden mucho más allá del momento del nacimiento.
Lactancia, desigualdades y límites del régimen vigente
Hoy, la licencia por paternidad para quienes están alcanzados por la Ley de Contrato de Trabajo es de apenas dos días, la más corta de Sudamérica. Al mismo tiempo, cerca de la mitad de las y los trabajadores no accede a licencias por nacimiento o adopción por desempeñarse en la informalidad o como cuentapropistas. Esta brecha condiciona directamente la organización de los cuidados en el hogar.
Aun así, Argentina exhibe indicadores de lactancia por encima del promedio regional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Lactancia Materna (ENaLac), nueve de cada diez bebés reciben leche materna en sus primeros seis meses de vida y el 53% lo hace de manera exclusiva, superando el promedio de América Latina y el Caribe (43%) y la meta del 50% fijada por la Organización Panamericana de la Salud para 2025.
El desafío aparece en la continuidad: entre los dos y los seis meses, la lactancia exclusiva desciende del 54% al 45%. La propia ENaLac identifica que contar con licencias más extensas, tanto para la persona gestante como para la no gestante, se asocia con una mayor prevalencia de lactancia, junto con el acompañamiento del sistema de salud y condiciones laborales que permitan sostener esa práctica.
El sector privado ya comenzó a ensayar respuestas para acompañar a su personal: horarios flexibles, teletrabajo, ampliación de licencias por encima de lo que marca la ley, convenios con espacios de cuidado infantil y salas de lactancia en los lugares de trabajo. Estos esfuerzos, sin embargo, son todavía desiguales y dependen del tamaño, el rubro y la capacidad de cada empresa.
Propuestas de reforma y costos fiscales
El relevamiento de CIPPEC muestra que, para muchas trabajadoras informales y cuentapropistas, el apoyo estatal llega principalmente a través de transferencias de ingresos, servicios públicos de cuidado y redes comunitarias. El esquema actual protege con relativa eficacia el acceso a recursos materiales y controles de salud, pero deja sin cobertura un aspecto central: el tiempo protegido para cuidar durante los primeros meses de vida.
El régimen de licencias, advierte el trabajo, presenta tres problemas estructurales: no es universal, es normativamente heterogéneo (los derechos varían según el tipo de empleo y la jurisdicción en el sector público) y mantiene un fuerte sesgo maternalista. Mientras las personas gestantes del sector privado cuentan con 90 días de licencia, los padres solo disponen de dos días, y la normativa casi no contempla realidades como adopciones, nacimientos múltiples o prematuros, hijos con discapacidad o familias monoparentales.
- Universalizar el acceso a licencias para todas las formas de empleo.
- Promover la corresponsabilidad entre personas gestantes y no gestantes.
- Garantizar mayor equidad entre sectores, géneros y territorios.
Sobre esa base, CIPPEC propone ampliar progresivamente las licencias para personas no gestantes, de manera de avanzar hacia una distribución más equilibrada de las tareas de cuidado. El informe modela diferentes escenarios graduales y estima su impacto fiscal. Hoy el régimen vigente representa alrededor del 0,07% del PBI. Una reforma “de mínima” lo elevaría al 0,09% hacia 2033, mientras que una alternativa más ambiciosa lo llevaría al 0,14%.
“Discutir licencias en un contexto de baja de los nacimientos es discutir capital humano. El tiempo protegido en los primeros meses de vida es uno de los insumos clave del desarrollo”, sostuvo Manuel Mera, director de Protección Social de CIPPEC, al destacar que los efectos se proyectan sobre la productividad y la equidad de las próximas décadas.
La caída sostenida de la natalidad hizo que, en la última década, el gasto real vinculado a las licencias por maternidad y paternidad se redujera alrededor de un 35%, lo que, según el estudio, abre una ventana de oportunidad para mejorar cobertura y duración sin alterar de manera significativa la trayectoria del gasto. En paralelo, en el Congreso se multiplican los proyectos de reforma y en la región se observan antecedentes de cambios graduales, como Uruguay y Brasil, que apuntan en la misma dirección: reconocer que el tiempo para cuidar en la primera infancia es una política estratégica de desarrollo.
