El oficialismo busca acelerar desalojos y redefinir expropiaciones
NewsITe
El Senado de la Nación se encamina a tratar este jueves, desde las 14, un proyecto de ley sobre propiedad privada que introduce cambios profundos en materia de desalojos, expropiaciones, manejo del fuego y regularización dominial. La iniciativa llegará al recinto sin el polémico capítulo sobre extranjerización de tierras, descartado tras el rechazo de varios gobernadores a flexibilizar las condiciones para la compra de campos por parte de inversores extranjeros.
El oficialismo, conducido en la Cámara alta por Patricia Bullrich, también dejó de lado la reforma de la ley de barrios populares ante las críticas de organizaciones sociales y de la Iglesia, que alertaron sobre el riesgo de desalojos masivos en asentamientos y villas. Con ese telón de fondo, el debate se concentra ahora en el corazón del proyecto: nuevos mecanismos para garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada y acelerar los procesos judiciales vinculados a usurpaciones.
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Antes de iniciar la discusión en particular, el cuerpo deberá resolver un tema institucional clave: la participación virtual de dos senadores. La peronista mendocina Anabel Fernández Sagasti, cursando la semana 32 de embarazo, pidió intervenir a distancia al no poder viajar a Buenos Aires. El pedido fue autorizado por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, aunque quedó supeditado a la votación del pleno, que deberá definir si se aprueba por mayoría simple o con el requisito de los dos tercios.
En situación similar se encuentra el radical Flavio Fama, recientemente operado de la rodilla, quien también solicitó seguir la sesión de manera remota. Su caso fue avalado en términos administrativos, pero, al igual que el de Fernández Sagasti, dependerá de la convalidación política del cuerpo. El debate reabre una discusión que quedó inconclusa desde la pandemia: el uso del sistema virtual sin que haya sido incorporado formalmente al reglamento del Senado.
Desalojo exprés y nuevos plazos para inquilinos morosos
El dictamen propone un mecanismo de desalojo exprés en los casos de inmuebles usurpados o tenencias precarias. En esos supuestos, el juez podrá ordenar la inmediata restitución del bien cuando el derecho invocado por el propietario resulte verosímil y se preste una caución juratoria. Además, se habilita a intimar al ocupante a devolver el inmueble en un plazo máximo de 72 horas, siempre que el dueño acredite con documentación su titularidad sobre terrenos, viviendas o campos.
Para los inquilinos con deudas, el esquema será diferente. El proyecto establece que quienes adeuden alquileres deberán recibir previamente una carta documento del propietario y contar con un plazo no menor a diez días corridos, desde la notificación fehaciente, para regularizar su situación. De este modo, se busca distinguir entre conflictos contractuales y ocupaciones ilegales, acelerando estas últimas y dando margen adicional para la resolución de deudas de alquiler.
Expropiaciones y cambios en la ley de Manejo del Fuego
Otro eje central de la iniciativa es la regulación de las expropiaciones. La declaración de “utilidad pública” deberá interpretarse en forma restrictiva y el Estado estará obligado a fundamentar de manera detallada las razones que justifican la medida. Asimismo, se fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante, un límite que no estaba previsto en el proyecto original. La compensación económica, además, se actualizará combinando el Índice de Precios al Consumidor con la tasa del Banco Nación a 30 días.
En paralelo, el proyecto introduce cambios relevantes en la Ley de Manejo del Fuego. Se deroga el artículo que prohibía, durante 30 años, el cambio de uso de la tierra en superficies rurales incendiadas en áreas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y zonas periurbanas. Para los bosques nativos se mantiene la prohibición de modificar el uso del suelo tras un incendio, pero se elimina el plazo de 60 años incorporado por una reforma anterior impulsada por Máximo Kirchner. Especialistas y ambientalistas ya anticipan que ese punto podría abrir un nuevo foco de controversia.
Regularización dominial y alcance político del proyecto
La propuesta también impacta en la regularización de viviendas, a través de modificaciones a la llamada ley Pierri. Se amplía la posibilidad de acceder a la escritura de la vivienda única para familias que acrediten una posesión pública, pacífica y continua de al menos diez años. Con esto, el oficialismo busca mostrar que el paquete normativo no solo apunta a la protección de la propiedad privada frente a intrusiones, sino también a dar seguridad jurídica a sectores populares que habitan inmuebles sin título formal.
Aunque el capítulo de extranjerización de tierras fue removido para destrabar apoyos, el tratamiento del proyecto promete una sesión intensa. La oposición cuestiona aspectos de la reforma vinculados al equilibrio entre derechos de propietarios y garantías de sectores vulnerables, mientras que el Gobierno defiende la iniciativa como una herramienta para combatir las usurpaciones, ordenar los procesos de expropiación y dar mayor previsibilidad a las inversiones. El resultado de la votación marcará un nuevo capítulo en la puja por el rumbo institucional y económico del país.
